Foto: defiendase.com.
El abogado de la familia de la víctima afirmó que la querella produjo en las últimas semanas elementos que considera determinantes.
El abogado Juan Pablo Gallego volvió a referirse públicamente a la causa que investiga una denuncia de abuso sexual contra una menor en Puerto Madryn y cuestionó con dureza el rol que, según sostuvo, tuvo el fiscal general Alex Williams durante el proceso. El letrado afirmó que la querella produjo en las últimas semanas elementos de prueba que considera determinantes y que, ante la falta de participación de la Fiscalía, solicitará que el acusado José Aníbal Cepeda sea detenido.
En primer lugar, Gallego sostuvo que la querella autónoma logró incorporar documentación y testimonios que, según afirmó, no habían sido considerados durante los años anteriores. Entre los elementos mencionó una historia clínica aportada por el Hospital Público de Puerto Madryn, testimonios de la menor ante organismos de protección y aportes realizados por profesionales que intervinieron en su atención.
“En pocos días hemos producido prueba determinante que confirma los abusos sexuales de la persona que pretendía ser encubierta”, afirmó Gallego. El abogado sostuvo que esos elementos fueron incorporados a la causa después de distintos planteos realizados por la representación de la menor y remarcó que, a su criterio, la evidencia permite avanzar con medidas de coerción sobre el imputado.
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PEDIDO DE DETENCIÓN DE CEPEDA
Uno de los principales planteos realizados por la querella es que se disponga la detención del acusado. Gallego argumentó que la medida sería necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar, según su interpretación, un eventual riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
“Ante la necesidad de asegurar el proceso hemos exigido en las últimas horas la detención y estamos a la espera de una respuesta de la Justicia”, manifestó el abogado. Señaló también que, de acuerdo con la acusación que presentó la querella, se investigan hechos de abuso sexual y corrupción de menores, con una pena en expectativa que, según indicó, podría alcanzar los 25 años de prisión.
El planteo deberá ser analizado por la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para disponer una medida de esta naturaleza. Cepeda permanece imputado en la causa y, al tratarse de una investigación en trámite, corresponde preservar la presunción de inocencia hasta que exista una eventual sentencia firme.
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CUESTIONAMIENTOS AL FISCAL WILLIAMS
Gallego volvió además a reclamar la destitución del fiscal general Alex Williams, a quien responsabilizó por lo que considera una serie de obstáculos para el avance de la investigación. El abogado sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no habría incorporado determinados elementos y cuestionó que la Fiscalía se haya apartado de la acusación.
“Si algún fiscal no encontró las pruebas que esta querella encontró en solo 15 días de investigación, evidentemente estas pruebas las tenían a la vista, las conocían, las ocultaron e impidieron su incorporación”, afirmó Gallego, al responder sobre los argumentos que habría dado la Fiscalía para no avanzar con la acusación.
El letrado también cuestionó el desempeño de funcionarios que participaron de las audiencias y sostuvo que la decisión de la Fiscalía de no continuar con la acusación dejó a la querella en una situación excepcional. Sus afirmaciones forman parte de su postura como representante de la menor y deberán ser contrastadas con las actuaciones judiciales y las explicaciones de los funcionarios cuestionados.
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PEDIDO DE REUNIÓN CON TORRES
En paralelo, Gallego confirmó que buscará reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para plantearle lo que considera una situación de gravedad institucional. Anticipó también que procurará un encuentro con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
“Estamos en gestión y la vamos a hacer porque no tenemos dudas de que el gobernador Torres no tiene conocimiento de la entidad de este escándalo que enluta su provincia y que además provoca un daño enorme en el orden nacional”, sostuvo el abogado.
Según explicó, pretende llevar al Ejecutivo provincial su preocupación por el funcionamiento del sistema acusatorio en Chubut y por el impacto que, a su entender, tuvo la actuación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal en esta investigación. También señaló que el planteo será presentado ante las autoridades judiciales correspondientes.
