La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió un “silenciamiento de las voces en un contexto de hostigamiento” en Nicaragua, y pidió a las autoridades que reviertan “todas las medidas vigentes que erosionen el estado de derecho”, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El silencio de las voces críticas persiste en un contexto de miedo y hostigamiento generalizado por parte de las autoridades, que casi no dejan espacio para ningún debate público, abierto e inclusivo”, denunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif.
Según la representante de la ONU, durante abril y mayo las autoridades realizaron «oleadas» de detenciones a defensores de derechos humanos, opositores, periodistas y religiosos, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
En esta línea, informó que el 3 de mayo al menos 63 personas fueron detenidas “de forma arbitraria” y 55 de ellas fueron acusadas de socavar la integridad nacional.
“Estos delitos son utilizados habitualmente para criminalizar a los opositores políticos y el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos”, remarcó.
Al Nashif, que precisó que seis nicaragüenses fueron prohibidos de ingresar a Nicaragua, agregó que su oficina también documentó “obstáculos para obtener pasaportes por parte de familiares de cualquier persona que se oponga al Gobierno”.
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“Estas medidas resultaron en separaciones familiares, con un impacto significativo en los menores afectados. Otras, como la confiscación de bienes, incluidos bienes privados, pensiones, cuentas bancarias, afectaron negativamente a más de 300 personas privadas de su nacionalidad, así como a sus familiares”, alertó.
En paralelo, destacó que desde marzo 119 ONG y ocho universidades fueron suspendidas y resaltó la “persecución” contra la Iglesia Católica, al recordar el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por conspiración y desacato a la autoridad, entre otros cargos.
“(Álvarez) sigue estando sujeto a condiciones de detención que violan las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos, como la prohibición de visitas y unas condiciones de higiene y saneamiento inadecuadas. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas después de que la Policía Nacional acusara a la institución de lavado de dinero”, agregó.
De acuerdo con la representante de la ONU, la Policía de Nicaragua intimidó y hostigó a sacerdotes y fieles durante las celebraciones de Semana Santa, lo que llevó a la Iglesia católica a cancelar la mayoría de actos por temor a nuevas represalias.
Además, en marzo pasado al menos cinco indígenas fueron asesinados en el territorio de los Mayangna Wilú, mientras que otro líder de la comunidad Alal, en la reserva Bosawás, fue asesinado en abril.
En este contexto, instó al Gobierno de Nicaragua a revertir “todas las medidas vigentes que erosionen el estado de derecho, el espacio cívico y los Derechos Humanos” y exigió la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, así como el restablecimiento de su nacionalidad.
También demandó el cese de la persecución contra la Iglesia católica y el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades suspendidas desde 2018.
Fuente: Télam
