La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer la Resolución General 5590/2024, con la que se reglamentan los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen ofrece un esquema de incentivos tributarios y aduaneros para empresas, con una estabilidad fiscal asegurada por un plazo de 30 años, lo que genera un atractivo adicional para grandes proyectos. Los Vehículos de Proyecto Único (VPU) podrán acceder a estos beneficios, facilitando la inversión y el crecimiento en sectores clave de la economía.
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Entre los principales incentivos, la norma establece una alícuota especial del 25% en el Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades generadas por los VPU, además de la posibilidad de acogerse a un régimen de amortización acelerada de los activos utilizados en los proyectos. Estas medidas buscan alentar a las empresas a comprometerse con proyectos a largo plazo, proporcionando un marco de seguridad jurídica y financiera. Asimismo, las operaciones vinculadas al IVA serán gestionadas a través de certificados de crédito fiscal sin necesidad de autorización previa por parte de la AFIP.
En cuanto a los beneficios aduaneros, las importaciones de bienes de capital, repuestos y componentes, tanto temporales como definitivas, estarán exentas de aranceles, tasas y cualquier otro régimen de percepción o retención, lo que reduce significativamente los costos de operación. De igual modo, las exportaciones derivadas de los proyectos estarán exentas de impuestos a partir del tercer año de su aprobación, o del segundo año en el caso de proyectos estratégicos de más de 1.000 millones de dólares.
Además, la norma asegura que no se podrán aplicar restricciones o cupos sobre los bienes producidos bajo el régimen del RIGI, garantizando la libertad de exportación y acceso a mercados internacionales. Este conjunto de beneficios impositivos y aduaneros apunta a fomentar el desarrollo económico y aumentar la competitividad de las empresas que se adhieran a estos proyectos.
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Por último, la AFIP, a pesar de su anunciada disolución, seguirá a cargo de la gestión de las claves específicas de los proyectos, así como del control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones impositivas y aduaneras de los VPU, garantizando la correcta implementación del régimen.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Archivo.
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