Este miércoles, desde las 14, se comenzaron a realizar allanamientos en Playa Unión, Rawson y Trelew en la causa en la que se investiga a la ex Ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, por las presuntas irregularidades en la contratación de sus asesores en el período en el que fue diputada provincial (2015-2019).
Los procedimientos son realizados por la Unidad Anticorrupción, cargo del fiscal general Omar Rodríguez, y personal policial en el domicilio de la ex funcionaria, en Playa Unión; en el edificio del Ministerio que conducía en Rawson y en domicilios de la Capital provincial y Trelew.
Desde la Fiscalía, en este sentido, señalaron que Torres Otarola se encontraba en dichas dependencias del Ministerio, pese a haber sido separada de su cargo al comienzo de julio, por lo que se le secuestró el teléfono celular. En dicha dependencia, también se encontraban personas que responderían a la ex funcionaria y que ocuparían cargos de secretarias y subsecretarias.
Luego de las diligencias, el fiscal Rodríguez anticipó que a estos procedimientos se podrán sumar otras diligencias en otros lugares donde pudiera hallarse documentación vinculada a la investigación.
En lo que respecta a la causa, se inició a partir de una denuncia y la Justicia investiga en este sentido si hubo o no defraudación al Estado. En este sentido, desde la Fiscalía se señaló que los resultados de los procedimientos de este miércoles fueron “positivos”.
Torres Otarola fue electa como diputada provincial por el Frente para la Victoria en 2015 y en diciembre de 2019 asumió como Ministra de Familia, cargo que ocupó hasta la semana pasada.
La causa comenzó con una denuncia radicada en Esquel por un ex asesor y ex funcionario del Ministerio de Familia, Martín Sandoval, quien acusó a la por entonces Ministra de extorsionarlo a través de una masajista.
A partir de ello, la causa se trasladó a Rawson, a la Unidad Anticorrupción donde se comenzó a reunir información respecto a la presunta contratación irregular de personas como asesores durante el mandato como legisladora, a quienes se les “retenían” parte de los ingresos.
Además, Sandoval dio cuenta de una presunta maniobra de malversación de fondos por haber nombrado, presuntamente, a más de 20 personas en la función pública que no cumplirían contraprestaciones en dicho Ministerio.
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