El Gobierno Nacional recibió una intimación judicial por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para dejar sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desarticula funciones del Programa de Metrología Legal. Esta área se encarga de controlar instrumentos de uso público y comercial, como balanzas, alcoholímetros y surtidores de combustible.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que la medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que también atenta contra la seguridad de millones de ciudadanos”. Según el gremio, la resolución evidencia un intento de privatización encubierto y afecta directamente a los controles esenciales para el funcionamiento diario de empresas y organismos.
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El Programa de Metrología Legal es responsable de certificar y aprobar modelos de instrumentos de medición, garantizando su precisión y confiabilidad. Entre sus funciones destacan la verificación de cinemómetros para fotomultas, balanzas comerciales y la medición exacta de combustibles en surtidores, tareas que, según ATE, podrían verse comprometidas con la modificación impuesta por el Gobierno.
Desde el gremio advirtieron que, con la implementación de esta resolución, la certificación del correcto funcionamiento de estos dispositivos cesaría, generando incertidumbre sobre la precisión de mediciones básicas en la vida cotidiana. “Parece increíble que un kilo ya no sea un kilo o que un litro de nafta no sea realmente un litro”, remarcó Aguiar.
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La intimación judicial presentada busca frenar los cambios en Metrología Legal mientras se analiza la constitucionalidad de la resolución, en medio de un debate sobre la gestión estatal y la posible privatización de áreas estratégicas dentro del INTI. El Gobierno aún no emitió comentarios oficiales sobre el reclamo.
Fuente: Noticias Argentinas.
