Foto: Transparencia Venezuela
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó sobre un aumento del 85% en los ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.
La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación, según el informe reciente del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Durante el primer trimestre de 2024, se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el país, lo que representa un aumento del 85% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se documentaron 226 casos.
Los ataques documentados incluyen estigmatización, intimidación, amenazas, ataques digitales, allanamientos, judicialización y detención arbitraria. Según el informe del CDJ, el principal patrón de ataque durante este período fue la estigmatización de organizaciones no gubernamentales, señalándolas como terroristas y agentes desestabilizadores.
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Las organizaciones de derechos humanos fueron las más afectadas, representando el 62% de las víctimas, seguidas por personas que trabajan en la defensa de estas garantías, que constituyeron el 38% de los casos. Los principales victimarios identificados incluyen plataformas comunicacionales del Estado, funcionarios públicos y agrupaciones afectas a los intereses del Estado.
El CDJ instó al Estado venezolano a tomar medidas para proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, cesando la criminalización de personas defensoras y deteniendo los avances legislativos que buscan limitar la sociedad civil en el país. Estas preocupaciones se suman a las expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual de 2023, que acusó al régimen de Nicolás Maduro de violar sistemáticamente los derechos humanos para desalentar la participación política y concentrar el poder en manos del Poder Ejecutivo.
En un contexto de elecciones presidenciales próximas, estas denuncias resaltan la importancia de garantizar un entorno seguro y respetuoso para los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Fuente: Infobae