La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó un planteo de la defensa y confirmó la habilitación de la feria de verano para que el juez Marcelo Aguinsky avance con medidas urgentes en la causa.
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La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó este viernes la queja presentada por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y de este modo avaló la habilitación de la feria judicial de verano para que continúe la investigación penal en su contra.
La resolución fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la decisión cuestionada no resulta apelable y que no genera un perjuicio irreparable para las partes, según informaron fuentes judiciales.
El planteo de la defensa se originó luego de que el juzgado penal económico a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria judicial con el objetivo de avanzar en medidas investigativas urgentes, al sostener que la complejidad del expediente ameritaba mantener actividad jurisdiccional durante el receso.
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Los abogados de Pantano y Conte habían objetado esa resolución al considerar que no se encuadraba dentro de los supuestos previstos por la normativa vigente. Sin embargo, los camaristas recordaron que, en principio, la habilitación de feria no es una resolución recurrible, salvo que provoque un daño de imposible reparación ulterior, extremo que —según remarcaron— no fue acreditado en este caso.
En ese sentido, Robiglio y Bruglia subrayaron que el juez Aguinsky, en su carácter de director del proceso, se encuentra facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles.
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Asimismo, señalaron que la habilitación de la feria no vulnera derechos de las partes, sino que garantiza la continuidad del proceso y permite el ejercicio pleno del derecho de defensa.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos y utilización de testaferros, en la que los imputados figuran como propietarios de una mansión ubicada en Pilar, un bien que se encuentra bajo análisis judicial en el marco del expediente.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
