La Fiscalía de Instrucción 6 de Misiones, a cargo de René Casals, ha avanzado significativamente en la investigación sobre la protesta policial que tuvo lugar en mayo pasado.
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El fiscal Casals ha incorporado al expediente todos los testimonios y denuncias relacionados con el caso y ha solicitado informes adicionales a la Jefatura de Policía para completar el panorama de lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades penales.
El avance de las imputaciones se había pospuesto debido a la licencia del juez de Instrucción Ricardo Balor, quien retorna a sus funciones esta semana. Por lo tanto, se espera que las imputaciones formales se presenten en el Juzgado de Instrucción 6 en los próximos días.
Hasta el momento, el Gobierno de Misiones no intervino en la causa, siendo la Fiscalía de Estado la responsable de la representación legal, aunque aún no ha presentado su participación en el expediente. Cabe destacar que el acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades y los policías incluía una amnistía amplia, pero esta solo abarcaba sanciones administrativas, permitiendo que las acciones judiciales continuaran.
Entre los posibles delitos que la Fiscalía podría imputar, el más grave es el de sedición, agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos armados. Este delito, descrito en el artículo 229 del Código Penal, tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. La sedición se refiere a quienes se alzan en armas para arrancar alguna medida o concesión a las autoridades provinciales, en este caso, un aumento salarial.
La protesta de los policías misioneros comenzó el 17 de mayo a la madrugada, tras varias jornadas de acciones pacíficas. Durante esa madrugada, la sede del Comando Radioeléctrico en Posadas fue abordada en dos ocasiones por agentes fuera de servicio, resultando en agresiones y la interrupción de las comunicaciones operativas. El jefe del Comando, Orlando Neris, y la oficial principal Marcia Domínguez, confirmaron estos hechos, describiendo un escenario de desorden y violencia.
La Justicia misionera también ha considerado el antecedente del juicio por la sublevación policial de 2013 en Entre Ríos, donde 17 uniformados fueron condenados por sedición. Este precedente podría influir en el curso de la investigación y las decisiones judiciales en Misiones.
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En el pico de la protesta, se registró que alrededor de 50 patrulleros estaban fuera de servicio en la capital misionera, y las denuncias incluyen la presencia de personas encapuchadas y emboscadas a móviles que no se habían sumado a la protesta.
Fuente: Misiones Online.
Foto: Somos Télam.
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