domingo 21 julio 2024

Báez Sosa: Los rugbiers apelaron sus condenas

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Actualizado: 14:53 21/07 | downtack.com

De la misma manera en que los fiscales del juicio ya solicitaron ante el mismo tribunal de alzada que los ocho jóvenes condenados sean considerados coautores del «homicidio agravado» de Fernando (18) y condenados a perpetua, el defensor Hugo Tomei presentó esta mañana su apelación para revertir la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Según las fuentes, en primer término, y tal como ya lo había planteado en la instrucción del caso y durante el debate, Tomei pidió que se declare «la ilegalidad» del acto de las indagatorias tomadas a los ocho acusados la noche del 19 de enero de 2020.

De acuerdo a lo planteado por la defensa, en ese procedimiento «falsificaron las actas del expediente entre fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal».

En otro punto, la defensa requirió que se declare la «parcialidad» de los jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores que el 14 de abril de 2020 confirmaron las prisiones preventivas para los acusados.

La defensa justificó el planteo en que en aquella resolución, los camaristas Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Yaltone llamaron a los imputados «mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana».

A su vez, Tomei reiteró uno de los planteos centrales de su alegato en el juicio, al sostener que se violó «el principio de congruencia» en la sentencia porque, a su criterio, sus clientes llegaron al debate con una acusación genérica y la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada.

En relación a los tres condenados a 15 años de cárcel como «partícipes secundarios» del crimen -Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24)-, el abogado le pidió al Tribunal de Casación que sean absueltos.

Y respecto a los cinco sentenciados a perpetua, es decir, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), su defensor cuestionó la calificación de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» por la que fueron condenados.

Por ello, insistió con que en todo caso cometieron un «homicidio en agresión tumultuosa», delito contemplado por el artículo 95 del Código Penal y que tiene una pena claramente inferior, que va de los dos a los seis años de prisión.

Según informaron ayer a Télam fuentes judiciales, los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ya habían presentado el mismo recurso ante Casación, pero con el objetivo opuesto al de la defensa, es decir, cuestionar el punto de la sentencia que condenó solo como partícipes secundarios a los imputados que recibieron 15 años de cárcel.

Según argumentaron, Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi tuvieron el mismo grado de responsabilidad que los cinco condenados a perpetua.

Para los fiscales, «no hubo roles», sino que «todos hicieron todo» y «se pusieron de acuerdo para matar a Fernando», de acuerdo a la prueba incorporada durante la instrucción, a 87 testimonios brindados en el juicio y a decenas de videos reproducidos y pericias detalladas en las distintas audiencias.

Por eso motivo, rechazaron la calificación de «partícipes secundarios» impuesta en su fallo del último 6 de febrero por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, y entendieron que esos tres deben recibir la misma pena de prisión perpetua fijada para los otros cinco.

Fernando Báez Sosa (18) fue asesinado la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche «Le Brique» en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, los ahora condenados fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y actualmente están alojados en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, donde continúan alojados a la espera de un posible traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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