El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés dictó este lunes la pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, acusada de crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas que sacudieron al país en 2024. La sentencia, transmitida en directo por la televisión estatal BTV, la responsabiliza del asesinato de seis manifestantes desarmados durante las movilizaciones del 5 de agosto de ese año en Daca.
Hasina, líder histórica de la Liga Awami y la dirigente que más tiempo gobernó Bangladés, dejó el poder en agosto de 2024 tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y persecución política. La “Revolución de julio”, como fue bautizada por organismos internacionales, dejó un saldo estimado de 1.500 muertos, según datos difundidos por Naciones Unidas en febrero de 2025.
MIRÁ TAMBIÉN | Un accidente de autobús dejó 45 peregrinos muertos en Arabia Saudita
El tribunal revisó cinco cargos que incluían asesinato, intento de asesinato, torturas, actos inhumanos y la omisión deliberada de impedir los abusos cometidos por fuerzas de seguridad y militantes de la Liga Awami. “Por sus cargos hemos decidido imponerle sólo una sentencia: la pena de muerte”, declaró el juez Golam Mortuza Mozumder al leer el veredicto ante la prensa.
Antes de esta resolución, Hasina ya había recibido una condena a cadena perpetua por otros hechos vinculados al expediente, entre ellos la incitación a la violencia y la orden de emplear armas letales contra los estudiantes que se manifestaban. La ex primera ministra se encuentra exiliada en India desde su caída en 2024, adonde huyó para evitar su detención.
MIRÁ TAMBIÉN | Alemania habilitará nuevamente la venta de armas a Israel
La lectura del fallo se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó la presencia del Ejército, la Policía y distintos cuerpos especiales. Mientras tanto, el Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus continúa supervisando el proceso judicial que busca establecer responsabilidades por los abusos cometidos durante la crisis institucional.
Fuente: DW.
