Una jueza federal bloqueó de forma temporal una guía emitida por la administración de Donald Trump que buscaba prohibir prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en escuelas públicas de Estados Unidos.
El fallo representa un revés legal significativo para la directiva impulsada desde el Departamento de Educación, que condicionaba el financiamiento federal a la eliminación de estos programas.
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La decisión judicial surge en respuesta a una demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Educación y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes argumentaron que la normativa violaba los derechos de los docentes bajo la Primera Enmienda y el debido proceso legal. El gobierno había advertido a las instituciones que prácticas relacionadas al DEI podrían ser consideradas ilegales bajo normas de derechos civiles.
A pesar de que la guía no tenía fuerza de ley, sí implicaba una amenaza concreta: perder subsidios federales, enfrentar litigios del Departamento de Justicia o ver cancelados contratos estatales. Incluso se solicitó a los estados firmar certificaciones que demostraran el cumplimiento de estas políticas. Algunos gobiernos estatales, liderados por demócratas, rechazaron la orden por considerarla una extralimitación del poder federal.
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La medida de Trump buscaba ampliar el alcance del fallo de la Corte Suprema de 2023 que prohibía la utilización de la raza en admisiones universitarias, extendiéndolo a todas las áreas educativas, desde contrataciones y becas hasta ceremonias de graduación. Según el memo oficial, el DEI perjudicaba a estudiantes blancos y asiáticos.
La disputa aún no concluye: se presentaron otras demandas en tribunales federales, como en Maryland, solicitando la anulación total del memo. Las organizaciones demandantes advierten que la vaguedad de las restricciones crea un clima de incertidumbre que pone en jaque la libertad académica y los derechos estudiantiles en todo el país.