La Fiscalía también ha extendido esta petición a otras 17 personas, incluyendo colaboradores cercanos, así como a altos mandos militares y de la Policía.
Entre los acusados se encuentran exministros de Gobierno, Defensa y Hidrocarburos, a quienes se les imputa el delito de genocidio y la grave afectación a la vida.
Las fuerzas de seguridad reprimieron estas manifestaciones, respaldadas por un decreto supremo que las eximía de responsabilidades penales por el uso excesivo de la fuerza.
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Los sucesos tuvieron lugar pocos días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, tras la renuncia forzada de Evo Morales, un acontecimiento que muchos calificaron como un golpe de Estado.
Morales abandonó su cargo en medio de una aguda crisis social y en medio de un motín en su contra orquestado por sectores de la Policía y el Ejército.
Esta situación política y legal refleja la complejidad y la tensión en la que se encuentra Bolivia en relación con los eventos de 2019 y sus consecuencias.
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Fuente Télam.
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