El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó ante la Justicia las certificaciones de 1.607 comedores y merenderos que la cartera “no pudo certificar” debido a que ya no funcionaban, nunca existieron o brindaron direcciones falsas.
El fiscal Ramiro González investiga si los referentes de las organizaciones que administraban estos comedores seguían recibiendo alimentos secos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad, así como la responsabilidad de los funcionarios encargados de supervisar y controlar estos lugares.
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Estos comedores representan el 47,5% de los 3.385 relevados entre el 7 de febrero y el 17 de mayo. Los denominados “comedores fantasma” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Las dos últimas organizaciones están vinculadas a los ex funcionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. Jeremías Cantero, mano derecha en el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, también trabajaba en esa repartición y está imputado en otra causa judicial junto a 27 dirigentes populares por “extorsionar” a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas o actos partidarios bajo la amenaza de darles de baja el plan.
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Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano había denunciado la inexistencia de 1.201 comedores. Con las nuevas verificaciones, la cifra se amplió. La revisión de la cartera de Pettovello confirma que 1.766 comedores fueron acreditados, representando el 52,2% de los comedores visitados de manera personal. Otros 12 lugares, equivalentes al 0,4%, volverán a ser auditados.
El objetivo de estas acciones es esclarecer si hubo manejo fraudulento de recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables y asegurar que los programas de asistencia lleguen a quienes realmente lo necesitan. La investigación sigue su curso, y se espera que las auditorías adicionales y las revisiones de las direcciones proporcionen más claridad sobre el alcance del problema y las posibles responsabilidades involucradas.
Fuente: Infobae
