Un fallo de la Cámara de Casación considera inconstitucional la prohibición de libertad condicional para presos por narcotráfico, lo que podría beneficiar a más de 14 mil personas.
Una resolución judicial de la Cámara Federal de Casación Penal podría cambiar la situación de casi 15 mil presos en Argentina, quienes están encarcelados por delitos vinculados a la venta de drogas. La decisión establece que es inconstitucional impedirles acceder a la libertad condicional, un derecho que hasta ahora estaba restringido por la conocida «ley Petri», sancionada en 2017. Esta norma había prohibido el beneficio para delitos graves como el narcotráfico, pero ahora la justicia cuestiona su validez constitucional.
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Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a fines de 2023, había 14.584 personas privadas de libertad por delitos relacionados con el narcotráfico. Este grupo podría verse beneficiado por el fallo, aunque la aplicación de la resolución no será automática ni universal. Expertos judiciales aclararon que cada preso deberá presentar una solicitud individual, y la decisión final dependerá de la sala de Casación encargada del caso.
El fallo se basa en la idea de que la prohibición de la libertad condicional para quienes cometen delitos relacionados con drogas viola el principio de igualdad ante la ley. Según los jueces que emitieron la resolución, la restricción impide la reinserción social de algunos reclusos, mientras que otros delitos no tienen esta limitación. El caso testigo fue el de Carlos Hernán Beati, condenado por narcotráfico, cuya solicitud de libertad condicional fue rechazada y apelada ante Casación, resultando en la anulación del fallo.
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A pesar de su impacto teórico, la resolución tendrá un efecto limitado en la práctica. Para acceder a la libertad condicional, cada detenido deberá presentar su caso individualmente, y los jueces evaluarán factores como conducta carcelaria y riesgo de reincidencia. Algunos fiscales ya anunciaron su intención de apelar el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el debate.
El fallo de Casación ha desatado un intenso debate sobre cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos constitucionales de los presos. Mientras algunos sectores de la sociedad celebran la decisión como un avance hacia la rehabilitación, otros critican la flexibilización del tratamiento a los delitos vinculados al narcotráfico. La resolución, aunque significativa, abre más preguntas que respuestas sobre cómo abordar el sistema penitenciario y las políticas criminales en el futuro.
Fuente: Infobae.
Foto: Perfil.
