La defensa de la ex presidenta apeló las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan quiénes pueden visitarla sin autorización en su domicilio de Monserrat.
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La Cámara Federal de Casación Penal revisará las condiciones del régimen de visitas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad” en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, será la encargada de analizar el caso.
El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) había dispuesto que solo un grupo limitado de personas —familiares, custodios, médicos y abogados— pudieran ingresar al domicilio sin autorización judicial previa. La defensa, encabezada por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un listado de visitas en un pen drive con pedido de reserva, pero impugnó el límite al considerar que no está previsto en la ley imponer esas restricciones adicionales.
“Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, argumentaron los defensores, y añadieron que no hay norma que faculte a los jueces a imponer reglas de conducta complementarias a las ya dispuestas por la modalidad del arresto domiciliario.
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Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por falta de fundamentos jurídicos suficientes y por haber sido presentado fuera de plazo. De todos modos, el TOF 2 aceptó la apelación, lo que habilita ahora la revisión por parte de Casación.
Además del régimen de visitas, la Cámara podría abordar otras dos cuestiones sensibles: la legalidad misma de la prisión domiciliaria y la obligación del uso de la tobillera electrónica, que fue colocada a la ex mandataria la semana pasada pese a la oposición de su defensa.
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En su dictamen, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también habían objetado la prisión domiciliaria por no considerar que existieran razones de salud o edad que justificaran el beneficio. “No se encuentran configuradas razones humanitarias”, afirmaron.
La causa “Vialidad” condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Aunque la pena aún no está firme, ya se ejecuta bajo la modalidad de arresto domiciliario por motivos de seguridad.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
