El juez Diego Amarante prohibió la salida del país a las autoridades de la AFA tras un pedido de ARCA por presunta apropiación indebida de aportes retenidos entre 2024 y 2025.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social. La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien además les prohibió salir del país.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga el destino de $19.353.546.843,85 correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y contribuciones a la seguridad social. Según el expediente, esos montos habrían sido descontados pero no ingresados al fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
LEE TAMBIÉN | El Gobierno tildó de extorsivo el paro de la CGT
Las indagatorias fueron fijadas para los primeros días de marzo y alcanzan también a otros integrantes de la comisión directiva. En su resolución, el magistrado sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar” la participación de los directivos en los hechos investigados y advirtió sobre la gravedad de la imputación y la eventual pena en expectativa.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, la AFA habría contado con capacidad financiera para cumplir con las obligaciones fiscales durante el período bajo análisis. La querella sostiene que la falta de depósito dentro del plazo legal de 30 días configuraría el delito previsto en el Régimen Penal Tributario, que contempla penas de prisión para los agentes de retención que no ingresen los importes retenidos.
Por su parte, la defensa de la entidad apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo al planteo de sobreseimiento por “excepción de falta de acción”. La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso y no implica una condena, ya que la eventual responsabilidad penal deberá determinarse a lo largo de la instrucción.


