Fiscales federales pidieron la indagatoria de 29 personas y el embargo de bienes en una causa que apunta a sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
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El avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado de maniobras que, según fuentes judiciales, habría convertido el sistema de compras del organismo en un circuito de negocios millonarios desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
La información fue revelada por el periodista Omar Lavieri durante una participación en el ciclo Infobae al Regreso, donde señaló que los investigadores sostienen que el mecanismo de adquisiciones de insumos médicos —como sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos— estuvo marcado por licitaciones amañadas y sobreprecios sistemáticos.
En ese contexto, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez Ariel Lijo la citación a indagatoria de 29 personas y el embargo de bienes de involucrados y empresas vinculadas a la causa. Las medidas alcanzan a al menos 16 compañías y forman parte de un expediente que, según trascendió, reúne más de 230 páginas de pruebas y testimonios.
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Entre los implicados figuran funcionarios y empresarios ya procesados previamente en la causa, como Diego Spagnolo y Daniel Garbellini —vinculados al área de compras del organismo—, además de los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich. El procesamiento inicial había sido dictado por el juez Sebastián Casanello en una etapa anterior del expediente.
Según la reconstrucción judicial, el esquema operaba mediante empresas vinculadas entre sí que simulaban competencia en licitaciones públicas. “La misma familia podía presentar varias firmas para inflar los precios y garantizar la adjudicación a una de ellas”, explicó Lavieri, al describir un sistema que habría movido entre 5.000 y 7.000 millones de pesos en contratos en un solo año.
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La investigación también apunta a la existencia de pagos ilegales y acuerdos previos entre oferentes, lo que convertía las contrataciones en procesos direccionados con apariencia de legalidad. Testigos clave ya declararon ante la Justicia y detallaron cómo se estructuraban estas maniobras.
De acuerdo con fuentes del caso, esta etapa representa la segunda fase de una investigación más amplia que podría extenderse en nuevas tandas de imputaciones. El expediente seguiría avanzando en las próximas semanas con nuevas medidas judiciales, mientras crece el impacto político de un escándalo que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos en áreas sensibles como la salud y la asistencia a personas con discapacidad.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
