El juez federal extendió por diez días el secreto de sumario en la investigación por supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y habilitó la participación de la ONG Poder Ciudadano en el expediente.
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El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a pedido del fiscal Franco Picardi. La medida busca resguardar las pruebas obtenidas en los allanamientos y pericias en curso, que incluyen teléfonos secuestrados y documentación de la droguería Suizo Argentina.
En paralelo, el magistrado aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, tras el pedido formalizado por su presidente, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady. Con esta decisión, la entidad podrá acceder al expediente e impulsar su propia acusación, en línea con la del fiscal Picardi.
En el escrito presentado, la organización sostuvo que los hechos bajo investigación afectan intereses colectivos, al comprometer el funcionamiento del Estado y los recursos públicos. Casanello valoró la trayectoria de 30 años de Poder Ciudadano, reconocida como capítulo argentino de Transparency International, y su rol en otras causas de corrupción, como el caso de Julio “Chocolate” Rigau.
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Mientras tanto, los dueños de Suizo Argentina presentaron un escrito en el que intentaron frenar el avance de la causa, alegando la existencia de “cosa juzgada”. No obstante, fuentes judiciales remarcan que esa figura solo aplicaría si hubiera habido una imputación previa con sobreseimiento, lo cual no ocurrió.
La investigación continúa con foco en las compras estatales a la droguería, el material secuestrado en Nordelta y el rol de Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del complejo, procesado por haber demorado el ingreso de la Policía de la Ciudad en un operativo, presuntamente para beneficiar a los empresarios investigados.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
