Exfuncionarios enfrentan pedidos de condena por fraude y exacciones ilegales; el tribunal emitiría la sentencia definitiva en febrero.
Esta mañana se desarrolló la audiencia de cesura de pena en la causa conocida como «ñoquis calientes», tras el veredicto de culpabilidad dictado en el juicio oral. El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, solicitó penas que oscilan entre los 2 años y los 3 años y 6 meses de prisión para los acusados.
Para la exdiputada y exministra Cecilia Torres Otarola, el pedido fue de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución de los fondos malversados. Silvana Cañumil, exdirectora general, enfrenta una solicitud de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y reglas de conducta, como presentaciones judiciales trimestrales y cursos obligatorios.
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Los otros tres acusados fueron señalados como partícipes necesarios en el fraude a la administración pública. La Fiscalía solicitó para ellos 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación para cargos públicos y la devolución de los fondos percibidos ilícitamente.
Torres Otarola fue hallada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales, vinculados al cobro indebido de parte de los sueldos de sus asesores. Los demás imputados fueron responsabilizados por defraudación a la administración pública mientras cumplían funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.
El tribunal, integrado por Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri, informó que tomará el plazo legal para dictar sentencia, lo que se espera suceda en febrero tras la feria judicial.
Fuente y foto: MPF del Chubut.