“Nosotros la llamamos audiencia intermedia, en la que tenemos la potestad de discutir una variedad de cuestiones, principalmente la elevación a juicio como objetivo del Ministerio Público Fiscal y en el caso de las defensas tratar de mellar nuestra teoría del caso para evitar el juicio y lograr el sobreseimiento para cada uno de los imputados, incluso varios de ellos ya adelantaron su tesitura y presentaron escritos previos a la audiencia en los que solicitaron efectivamente el sobreseimiento», explicó Nápoli sobre la jornada del próximo lunes 25.
«Desde luego que esto será resistido por la fiscalía, tenemos un caso potente y vamos a poder comprobar durante el debate cual ha sido la maniobra de una magnitud superlativa para poder generar una caja dineraria que después era repartida en el Ejecutivo entre los funcionarios de alto rango», remarcó el funcionario judicial.
«Son 15 imputados, sumado a algún otro que seguramente pedirá una salida diferente al juicio oral y público porque la audiencia permitirá a los defensores plantear nuevas suspensiones de juicio a prueba, reparaciones o juicios abreviados, habrá que ver que camino adoptan y vamos a estar atentos para evaluar esos planteos y dar un dictamen razonable sobre nuestra posición», adelantó.
Aclaró que «la situación de Bastida y Piccione se diferencia de las otras personas que integran la asociación ilícita porque son los únicos que no eran funcionarios públicos al momento de la comisión de los hechos delictuales».
«Los funcionarios públicos no pueden acceder a los juicios abreviados, lo impide de la ley. Incluso deberían ser juzgados con un jurado combinado, dos letrados y tres populares, lo que nunca se llevó a cabo, pero está claro que no puede haber arreglo de juicio abreviado para los funcionarios público», recalcó.
«Para que Bastida y Piccione accedan a un juicio abreviado deben tener un convenio con la fiscalía, no sólo en la tipificación del delito sino también en la pena. En el caso de Piccione, es una pena de efectivo cumplimiento, así que es muy difícil que la defensa y el propio imputado accedan a un acuerdo, es más factible que lo discutan en el debate oral y público», fundamentó.
Nápoli insistió en que el ex ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, el ex de Economía, Pablo Oca; el ex de Infraestructura, Alejandro Pagani, el secretario privador de la Gobernación, Gonzalo Carpintero Paterson y el ex ministro de la Familia, Martín Bortagaray, no pueden acceder a un juicio aprobado.
Respecto de las probation que se otorgaron a distintos empresarios, destacó que “no sólo han terminado su compromiso, sino que han hecho obras de magnitud. El balance es positivo, hemos recuperado más de 100 millones de pesos en obras, tal vez no tenga relevancia en la economía de la Provincia, pero sí en el marco del proceso penal respecto de los que la ley exige como reparación”.
Consultado si además de las condenas, la fiscalía pedirá multas y decomisos, puntualizó que “»hay que diferenciar; en el caso de Gonzalo Carpintero al que también se investigó enriquecimiento ilícito, la fiscalía pretende recuperar importantes bienes para el erario público. Pero en el caso de otros funcionarios no investigamos el patrimonio de cada uno de ellos porque la maniobra consistían en pedirles coimas a los empresarios para pagarles los certificados de obra, o sea que el patrimonio que se mellaba era el de los empresarios, aunque siempre hago la aclaración que nosotros tenemos la sospecha que el empresario no perdía dinero, sino que lo cargaban en las licitaciones previamente, como un impuesto que sobrevolaba las contrataciones, aunque no se plasmaba en el papel. Cuando cotizaban tenían en cuenta lo que iban a aportar».
«Vamos a probar que se pegaba entre el 3 y 5 por ciento de coimas por cada certificado, el 5 % era para la obra vieja del anterior gobierno de Das Neves y el 3 % para el período nuevo. Hasta monto fijos tenían, por lo que cuesta creer que los empresarios perdían dinero al momento de la licitación», aseguró Nápoli.
«El núcleo de la investigación son las maniobras y la organización de este grupo de funcionarios políticos de alto rango y su rol dentro de la organización, además de cómo se repartían el dinero, de acuerdo al nivel de llegado con el Gobernador», enfatizó.
«En la asociación ilícita, a diferencia de la Causa Embrujo en la que había un jefe (Diego Correa), partícipes y personas que habían cometido delitos en particular, en este caso tenemos organizadores y miembros, no tenemos un jefe», recalcó.
«Nosotros consideramos que el jefe de la asociación ilícita era el Gobernador ya fallecido. Tenemos una carga probatoria abrumadora para demostrarlo, a tal punto que tenemos los cheques originales suscriptos por los emisores y en las cuentas que fueron depositados. Bonadio, en la causa de los Cuadernos por ejemplo, no tiene ni por asomo la calidad de la prueba documental que tenemos nosotros acá», valoró Nápoli.
«Son cuentas de Dual Core, Cepat, las empresas de Diego Correa, y también fueron a parar a los bolsillos de los secretarios de Das Neves, con los cheques que se cobraban en el banco cuando el monto era inferior a los 50 mil pesos. Era una cantidad de cheques impresionante», sostuvo.
«A escasos metros del despacho del Gobernador, se determinaba de modo activo el desempeño y el rol de cada funcionario, necesariamente Das Neves estaba al tanto, y allí también se discutían los montos para cada uno», reveló.
Respecto de las declaraciones que en su momento hizo el ex presidente de Vialidad Provincial y empresario de la construcción, Patricio Musante, Nápoli consideró: «será una incidencia que se planteará en la audiencia preliminar, aunque los defensores se van a oponer a las declaraciones de imputados probados en el debate, los vamos a sostener porque es absolutamente legal. Dependerá del criterio de los jueces, pero nosotros creemos que deben declarar para que se conozca absolutamente toda la verdad».
«Musante dijo algo muy concreto, todos recuerdan que el propio Gobernador le dijo que a Sudelco se le había acabado la coronita y debía empezar a pagar, claramente coimas», insistió.
«La familia de Das Neves aparece en la planilla de Luthers cobrando montos siderales de dinero, y vamos a intentar demostrar que el Gobernador también estaba al tanto de esto», advirtió.
«El contenido de estas planillas está totalmente corroborado a través de una infinidad de medios probatorios que ya han sido sostenidos en la Causa Embrujo y que también vamos a disponerlos para este caso: testigos, nuevos documentos, informes de entidades financieras. Si uno al azar, de 300 a 400 puntos de la planilla de Luthers, intenta probar 20 y prueba a los 20, quiere decir que los demás puntos son fidedignos», argumentó.
«TOCAR FIBRAS DE PODER CAUSA INCOMODIDAD»
«El doctor Iturrioz dejó de participar en la causa Revelación porque le significaba mucha carga laboral, luego surgió lo del Consejo de la Magistratura, en la audiencia en la que lo atacaron salvajemente, aunque él ya había dejado de participar», aclaró sobre el otro fiscal de la causa.
«Iturrioz y yo conocemos el caso en profundidad, lo hemos trabajado desde el primer día, por eso resultará incómodo hacerlo solo», admitió.
«En la audiencia del lunes próximo me acompañaría el doctor Alejandro Franco, pero también está muy cargado de trabajo porque él tiene a su cargo la causa Lotería», indicó Nápoli.
«Cuando nos preguntan si nos hemos sentido presionado o ha habido incidencias externas, uno sabe que cuando uno toca estas fibras poderosas del poder, se disparan mecanismos de presión, de algún modo expresan su incomodidad en estos casos», reconoció el fiscal.
«El Consejo de la Magistratura está cruzado políticamente por funcionarios de distintos colores políticos, por su conformación plural, y hay personas que toman subjetivamente el ejercicio de su rol y otros en cambios respetan el modo republicano y actúan de manera imparcial como corresponde», evaluó.
«Ha habido algunos consejeros que tuvieron la intención solapada, porque no lo van a decir, y también les debe molestar que un fiscal esté diciendo esto, de responder a intereses políticos», reprochó.
“El mensaje es gravitante: el que toca a personas vinculadas con el poder, tiene consecuencias. Enviar a jury al fiscal Iturrioz cuando actuó de la misma manera que yo, que ni siquiera tuve una sanción administrativa, habla de la subjetividad de la actuación”, cuestionó.
«El juicio podría comenzar en marzo o abril, hay que sortear el tribunal y otros actos procesales que llevan su tiempo. Es difícil avisorar si será el más largo, hay muchos testigos, pero veremos qué acuerdos probatorios se realizan con las defensas», analizó Nápoli en el final.
