El fiscal Mario Villar rechazó el intento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez de trasladar al fuero Civil y Comercial la ejecución de los bienes decomisados en la causa Vialidad, y pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 que avance con el trámite. En su dictamen, Villar argumentó que el decomiso “busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita” y que su tratamiento debe mantenerse dentro del ámbito penal.
La defensa de la exmandataria había solicitado frenar la medida cuestionando tanto el monto —fijado en 684 mil millones de pesos— como la metodología utilizada para su cálculo. Sin embargo, el fiscal sostuvo que la cifra surge de “la manipulación ilícita de los procesos licitatorios y de los sobreprecios en los contratos de obra pública”, elementos que ya fueron juzgados y ratificados con autoridad de cosa juzgada.
Villar también remarcó que el decomiso no equivale a una indemnización civil, sino que constituye una herramienta del Estado para recuperar bienes derivados de delitos. Por ello, insistió en que la competencia debe permanecer en el fuero penal de Comodoro Py, bajo la órbita del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
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Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación —conformada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— deberá resolver en los próximos días el recurso presentado por las defensas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la semana pasada avanzar sin demoras en la ejecución de una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner, aunque el TOF 2 esperará la resolución del tribunal superior antes de proceder.
El cuestionamiento central de Cristina Kirchner se centró en el método de actualización del monto, determinado con base en el índice de precios al consumidor (IPC). La expresidenta propuso en cambio aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que reduciría la suma a unos $42.000 millones. No obstante, Casación avaló el uso del IPC por considerarlo un criterio razonable para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación y recordó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de la condena penal, conforme al Código Penal y a las convenciones internacionales contra la corrupción.
Fuente: TN
Foto: Archivo
