El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que el Gobierno revisará más de 100 solicitudes de indulto presidencial, presentadas principalmente por agentes civiles y militares condenados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Kast descartó una amnistía o un perdón general y señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos analizará cada expediente de manera individual. Según explicó, el proceso contempla especialmente situaciones vinculadas con condenados que padecen enfermedades terminales y se fundamenta en razones humanitarias y en las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El mandatario sostuvo que un indulto no modifica las sentencias dictadas por los tribunales, sino que constituye una facultad constitucional ejercida mediante resoluciones individuales. Kast afirmó que una persona en etapa terminal no debería morir en prisión, independientemente de la naturaleza de los delitos por los que fue condenada.
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La iniciativa generó una fuerte controversia política y social en Chile, en coincidencia con las actividades por el 53° aniversario del golpe de Estado de 1973. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, en tanto, reclamaron mayor rapidez al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para resolver las solicitudes.
Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y exautoridades rechazaron cualquier beneficio para condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. El exministro de Justicia y Seguridad Luis Cordero sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inindultables de acuerdo con la Constitución, la legislación chilena y el derecho internacional.
Los cuestionamientos también alcanzaron a represores emblemáticos como Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de prisión. Según los organismos críticos de los indultos, estos condenados no han mostrado arrepentimiento ni aportado información sobre el destino de más de mil personas desaparecidas. Una encuesta de Criteria indicó que el 59% de los chilenos se opone firmemente a indultar a responsables de atrocidades estatales.
