Este lunes comenzó en Comodoro el debate en relación a una causa por los delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario que tiene como imputados a Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, ambos ex intendentes de la ciudad.
En un primer momento la defensa de Di Pierro planteó la prescripción de la acción penal y cuestionó la intervención de la parte querellante. La defensa de Buzzi adhirió a lo planteado por el codefensor.
El fiscal y la querella, por su parte, argumentaron que los planteos ya fueron reeditados y rechazados, por lo cual solicitaron se continúe con el debate.
Finalmente la jueza Raquel Tassello resolvió que las cuestiones planteadas las resolverá al momento de la sentencia y dio continuidad al juicio.
En el proceso, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Héctor Iturrioz y la querella por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro es ejercida por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari.
El hecho por el que se llevó a juicio a los intendentes se remonta a varios años atrás. Concretamente, el 14 de diciembre de 2007, la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia dictó una Sentencia Definitiva en un proceso comenzado por un hombre identificado como Idalio Dos Santos Pires contra el Municipio, por la adjudicación de un lote.
El mismo está ubicado en el barrio Industrial de Comodoro y con esta sentencia se le daba fin a un reclamo que había comenzado en 1982.
En el fallo, se remarcaba que el municipio tenía 5 días para que “apruebe la cesión de derechos efectuada por Delfor Martínez, del lote E de la manzana 65 del barrio Industrial”, en favor de Dos Santos.
Además, se establecía que “si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de $ 500 por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente”.
En cumplimiento de ello, el por entonces intendente Martín Buzzi dictó las Resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar Título de Propiedad a favor de este último.
Sin embargo, posteriormente, Buzzi resolvió mediante otra resolución dejar sin efecto la primera.
A partir de allí ninguna acción se hizo por parte del Municipio para dar cumplimiento a la Sentencia del STJ y negándose a ejecutar dichos mandatos legales.
La postura fue adoptada por el Intendente Buzzi como por el sucesor, Néstor José Di Pierro, siendo que este último contó con partidas presupuestarias para hacer frente a la obligación en mora durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014; inejecución que ha generado importantes perjuicios al erario Municipal comodorense.
Estos hechos, a grandes rasgos, configuran la “desobediencia judicial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” en calidad de autores, tanto Buzzi y como Di Pierro, según la acusación
Mientras se desarrollaba el proceso previo a la sentencia del STJ, el lote fue adjudicado a otro particular, en una de las gestiones anteriores a la de Buzzi.
Además, una vez que estuvo el fallo del máximo tribunal provincia, se debía iniciar el desalojo del de esta tercera persona, que había recibido el lote en disputa. Si bien se ordenó el desalojo a través de Asesoría Letrada, el trámite no se resolvió la intendencia de Buzzi y tampoco en la de Di Pierro.
En tanto, por el no cumplimiento de la sentencias, la Municipalidad de Comodoro acumuló multas por 15 millones de pesos, hasta que en el inicio de la gestión de Carlos Linares esa multa comenzó a pagarse, a favor de Dos Santos Pires.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas Municipal realizó un juicio de responsabilidad patrimonial contra Buzzi y Di Pierro, condenándolos a pagar de su propio bolsillo un monto de 3 millones de pesos, que era el total acumulado hasta el momento de ese juicio, en concepto de astreintes, que fue apelado por los ex intendentes.
Finalmente, vale señalar que en el juicio que comenzó este lunes se escuchó el testimonio de varios testigos y este martes se espera continuar con el debate.
Fuente: Ministerio Público Fiscal / adnsur.com