El Tribunal Oral Penal 1 dictó 10 años de prisión por abandono de persona agravado. Hubo absoluciones y críticas al rol de la fiscalía en un juicio atravesado por la polémica.
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El caso de Lautaro Rosé, el adolescente de 18 años que murió ahogado en el río Paraná tras una persecución policial en 2021, tuvo este jueves un fallo clave en Corrientes. El Tribunal Oral Penal 1 condenó a cuatro efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) a 10 años de prisión por abandono de persona agravado por el resultado de muerte.
Los condenados fueron Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, quienes, según la reconstrucción judicial, persiguieron y hostigaron a la víctima hasta obligarlo a arrojarse al río sin posibilidad de resguardo.
El hecho ocurrió la noche del 7 de noviembre de 2021, cuando Lautaro y su amigo Ismael Meza se encontraban en la costanera correntina. Tras una serie de disturbios, la intervención policial provocó la huida de varios jóvenes. Ambos escaparon hacia la zona de playa Arazaty, donde fueron alcanzados por los efectivos del GIR.
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De acuerdo a la causa, los policías dispararon postas de goma incluso cuando los jóvenes ya estaban en el agua. Lautaro, que no sabía nadar, pidió auxilio desesperadamente, pero no recibió asistencia. En paralelo, Meza logró salir a la orilla, donde denunció haber sido golpeado y amenazado por los uniformados para que no relatara lo sucedido.
La investigación determinó que en el lugar se hallaron pruebas clave, como zapatillas de la víctima y cartuchos antitumulto. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que los disparos continuaron aún cuando los jóvenes estaban en una situación de extrema vulnerabilidad.
El fallo también incluyó la absolución de otros dos efectivos, Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez, acusados por apremios ilegales e incumplimiento de deberes. La decisión se vio influida por la postura del fiscal Carlos Lértora, quien desistió de acusar durante el juicio al considerar insuficientes las pruebas.
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La actitud del representante del Ministerio Público generó fuertes cuestionamientos, ya que incluso solicitó investigar al principal testigo por falso testimonio, algo que fue rechazado por el tribunal. En ese contexto, el rol de la querella, encabezada por el abogado Hermindo González, resultó determinante para sostener la acusación y avanzar hacia una condena.
Pese a la sentencia, los policías no fueron detenidos de inmediato. El tribunal dispuso medidas de conducta hasta que el fallo quede firme, como la obligación de fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Justicia.
El caso vuelve a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad y el rol del Estado frente a situaciones de violencia institucional, en un expediente que estuvo al borde de la impunidad y que finalmente encontró una respuesta judicial, aunque con críticas por la magnitud de las penas.
Fuente y foto: TN
