Una menor fue obligada a casarse con un joven de 20 años, sometida a servidumbre doméstica, sexual y laboral durante años. La justicia federal de San Juan dictó condena y ordenó una reparación de 75 millones de pesos.
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a diez años de prisión a un matrimonio y su hijo por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años en el marco de una causa por trata de personas con fines de matrimonio infantil. Los condenados son Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco (24), integrantes de la comunidad gitana o Romani.
Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, la familia entregó 825 mil pesos a los padres de la víctima para concretar la unión forzada con Franco Cristo, quien entonces tenía 20 años. El matrimonio se consumó entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, bajo ritos de la comunidad gitana. Como consecuencia de los actos sexuales a los que fue sometida, la menor quedó embarazada.
Una vez casada, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde residía el grupo familiar de los condenados. Allí fue sometida a servidumbre doméstica, sexual y laboral hasta diciembre de 2024. Durante ese período, el matrimonio la golpeó, la quemó con cigarrillos y agua caliente, la obligó a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a entregar todo el dinero obtenido, bajo amenaza de dejarla sin alimentos. Estas exigencias se mantuvieron incluso durante sus embarazos y en condiciones de enfermedad.
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El caso llegó a la justicia sanjuanina en abril de 2025, cuando Alberto e Isabel Cristo intentaron llevarse nuevamente a la joven por la fuerza desde el domicilio de su familia de origen en San Juan, donde la víctima residía junto a su hijo. Durante el trayecto, la joven intentó escapar con el niño en brazos en la localidad de Caucete, cerca de una estación de servicio, pero fue perseguida y obligada a subir nuevamente al vehículo. Un testigo alertó al 911 y personal de la Unidad Rural N°1 logró interceptar el vehículo y rescatarla.
El juez Daniel Doffo consideró probado que los condenados ejercieron violencia y se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien era menor de edad, pertenecía a la comunidad gitana y creció en un contexto de pobreza estructural sin acceso garantizado a educación ni salud. El magistrado ordenó además una reparación económica de 75 millones de pesos y el decomiso del vehículo utilizado como instrumento del delito.
El fiscal Fernando Alcaraz sostuvo en su alegato que las prácticas culturales no pueden justificar la violación de derechos humanos fundamentales en territorio argentino. «El matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos», recordó la fiscal de PROTEX, Alejandra Mángano, quien destacó que ningún convenio internacional sobre culturas minoritarias avala prácticas que vulneren derechos esenciales. Como medida de reparación no económica, el juez dispuso que la sentencia sea comunicada en lenguaje accesible tanto a la comunidad gitana de San Juan como a la de Santa Fe, y a la familia de la víctima, que actualmente reside en Salta.
