La Asamblea Nacional y el Programa para la Convivencia y la Paz confirmaron que continuarán recibiendo testimonios de familiares de presos políticos mientras se debate el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Ejecutivo.
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La Asamblea Nacional de Venezuela y el Programa para la Convivencia y la Paz ratificaron este martes que mantendrán abiertas las consultas públicas en torno al proyecto de ley de amnistía, una iniciativa promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el objetivo de avanzar en un proceso de entendimiento nacional.
El coordinador del programa y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que este miércoles continuarán los encuentros con familiares de presos políticos, luego de una primera jornada realizada en la sede del Parlamento. Según explicó, los testimonios recogidos tuvieron un fuerte impacto emocional. “Estamos en una hora de escuchar y dejar que nuestro corazón se abra”, expresó ante la prensa.
Durante la jornada, decenas de familiares de detenidos recluidos en centros penitenciarios como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y distintos comandos policiales se concentraron en las inmediaciones del Legislativo para exigir ser escuchados y reclamar la liberación de sus allegados.
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El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial encargada del tratamiento del proyecto, aseguró que la intención es escuchar “a todo el mundo” para lograr una norma lo más amplia posible. Reconoció que la ley podría no resolver todos los casos, pero la definió como un paso necesario hacia el entendimiento nacional.
En la misma línea, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, detalló que la reunión se extendió por aproximadamente cinco horas y que se escucharon cerca de 40 testimonios, a los que calificó como parte de una “gran jornada democrática”.
Desde la oposición, el diputado Antonio Ecarri destacó la importancia de que los familiares hayan sido recibidos en el Parlamento y aseguró sentirse conmovido por los relatos escuchados, subrayando el valor institucional del diálogo.
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos expresaron reparos sobre el alcance del proyecto. Margareth Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), advirtió que, de aprobarse la ley en su redacción actual, más de 500 detenidos quedarían excluidos del beneficio. Por ese motivo, reclamó una revisión detallada de todos los casos.
El texto en discusión contempla amnistías para hechos ocurridos entre 1999 y enero de 2026, aunque en uno de sus artículos enumera años específicos como 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles exclusiones.
El proyecto ya fue aprobado en primera discusión y, según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se espera que esta semana se trate en segunda y definitiva discusión.
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Por su parte, Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Bandres, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, pidió que el proceso también incluya una revisión del sistema penitenciario y judicial, así como de los funcionarios señalados por presuntos actos de tortura y tratos crueles.
En paralelo, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 431 excarcelaciones desde el anuncio del proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura haber liberado a 897 personas desde diciembre, sin que hasta el momento se haya difundido un listado oficial.
Fuente y foto: EFE
