Un grupo de 17 gobernadores, entre ellos Mariano Arcioni, emitió hoy un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que «el federalismo no se negocia» y manifestó la «profunda preocupación por la injerencia indebida» por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.
El documento fue publicado hoy porque este miércoles vence el nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional y el de la Ciudad acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño.
«Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes», señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.
En ese marco, los gobernadores advierten que «no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios».
«La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo», remarcaron el documento.
Asimismo, los gobernadores afirmaron: «Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos».
«Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos», concluyeron.
Los firmantes son: Axel Kicillof, Buenos Aires; Raúl Jalil, Catamarca; Jorge Capitanich, Chaco; Mariano Arcioni, Chubut; Gustavo Bordet, Entre Ríos; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Ziliotto, La Pampa; Ricardo Quintela, La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, Misiones; Gustavo Sáenz, Salta; Sergio Uñac, San Juan; Alberto Rodríguez Saá, San Luis; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Omar Perotti, Santa Fe; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo, Tucumán.
Una veintena de provincias aprobó la semana pasada el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
El 10 de marzo pasado, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad mantuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri -luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence hoy.
