De 72 años, presidente entre 2012 y 2015, Pérez Molina decidió aceptar los cargos para obtener una reducción de penas por los delitos de los que se lo acusó.
La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló en 2015 al expresidente como el responsable de dirigir una estructura criminal que recibió unos 63 millones de dólares en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en instituciones estatales.
La audiencia de hoy fue en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos, quien el martes 22 de agosto había beneficiado al expresidente con prisión domiciliaria a cambio del pago de una fianza.
«El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable» de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.
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El exmandatario además deberá pagar una multa de más de tres millones de dólares.
Según el sitio del diario Prensa Libre, Pérez Molina le dijo a la jueza que era consciente de qué implicaba la aceptación de cargos y que se sometía a esta figura de forma voluntaria.
Se declaró entonces culpable de los tres delitos que le imputó el Ministerio Público: fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción de la terminal de contenedores TCQ, porque estaba consciente de la necesidad que había y que sigue existiendo del tiempo que se tardaban los barcos para descargar y eso le subía el costo a los guatemaltecos”, explicó el exmilitar.
Admitió luego que cometió “una omisión, error o delito” porque envió “las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver en los puestos para que este proyecto se llevara a cabo, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”.
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Y reconoció que en el transcurso del proceso “se cometieron ilegalidades, se dio dinero que no se tuvo que haber dado” y por eso aceptaba la responsabilidad.
Además, se refirió a lo que consideró «una traición» de algunos funcionarios de su gobierno, entre ellos «Juan Carlos Monzón, a quien se dio confianza y se le asignó responsabilidades», informó el diario digital Soy502.
Monzón era el secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien el exgobernante acusó de actuar de manera irregular a sus espaldas.
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