En medio de una crisis sanitaria, social y política, en Chile cada vez crece más el descontento y los pedidos de reforma para limitar el accionar de la fuerza policial del país, Carabineros, acusada de gatillo fácil y de violaciones a los derechos humanos en años recientes, según instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y organizaciones como Amnistía Internacional.
El caso de la muerte de un joven malabarista, asesinado por un carabinero hace días en la sureña localidad de Panguipulli -800 kilómetros al sur de Santiago- mientras se resistía a un control policial, fue el más reciente escándalo y el caso que terminó de revivir las demandas de una refundación total del cuerpo policial.
Según el INDH, entre el inicio de las protestas masivas de octubre de 2019 y noviembre pasado, 3.383 chilenos denunciaron ser víctimas de abusos o violaciones a sus derechos fundamentales, aún con las manifestaciones habían menguado por la explosión de la pandemia de coronavirus y el inicio de las medidas restrictivas para frenar los contagios.
En total, en 2020 se registraron 417 denuncias judiciales de víctimas de los Carabineros. Sin embargo, la discusión social y política sobre Carabineros ya venía tomando fuerza desde antes.
En medio de los casos de gatillo fácil, los reclamos -realizados por parte de dirigentes y partidos de la oposición y organizaciones internacionales como Amnistía- han ido creciendo hasta alcanzar pedidos de reforma y hasta la refundación de la fuerza policial , aunque hasta ahora los cambios se limitaron al reemplazo del director general y «un mea culpa» y promesa de «actualización» del nuevo titular, Ricardo Yáñez, indicó la agencia Télam.
