El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, anunció la suspensión de los pagos de indemnizaciones reclamadas por personas que se consideran víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina.
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Esta medida surge tras la detección de irregularidades en los trámites, según informó el titular del Ministerio, Mariano Cúneo Libarona.
“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, expresó Cúneo Libarona a través de un comunicado oficial.
El Ministerio de Justicia ha tomado esta medida tras detectar “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago” de las indemnizaciones destinadas a las personas que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de facto entre 1976 y 1983. Estos casos serán sometidos a revisión debido a las anomalías detectadas en los procedimientos.
Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024
La decisión del ministro Cúneo Libarona se materializó a través de la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, que impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
El Ministerio de Justicia justifica esta medida haciendo referencia a la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde personas fueron procesadas por haber falsificado datos para obtener el beneficio estatal. La cartera ministerial asegura que este no es un caso aislado.
El Gobierno nacional se compromete a no abonar sumas económicas a quienes no correspondan, además de perseguir la devolución de las sumas pagadas indebidamente por fraude.
Las indemnizaciones y pensiones otorgadas hasta la fecha a las víctimas de la última dictadura militar están contempladas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Sin embargo, el Estado sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos mediante documentación falsa.
El ministro Cúneo Libarona reveló que alrededor de 100 casos con trámites iniciados en la Justicia presentan sospechas de haber falseado datos para reclamar indemnizaciones por un total de 15 millones de dólares. Este escándalo, según el ministro, no podría haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios.
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La resolución emitida por el Ministerio de Justicia este lunes tiene antecedentes en declaraciones críticas realizadas por figuras del oficialismo. En 2021, Victoria Villarruel, actual Vicepresidenta, cuestionó el sistema de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, denunciando un presunto “curro de los derechos humanos”.
Fuente: Infobae.
Foto: El PAÍS.
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