La Fundación Apolo presentó una denuncia penal ante la Justicia argentina para que se investigue la existencia de una presunta red de espionaje y persecución vinculada al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La acusación sostiene que esta organización criminal actúa en territorio argentino y estaría dedicada a hostigar a exiliados políticos venezolanos que rompieron lazos con el chavismo.
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El caso que motivó la presentación judicial es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura de Venezuela, quien habría sufrido amenazas, seguimientos e intimidaciones tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Su madre, Mery Erazo, fue funcionaria de una oficina bajo el mando de Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez.
La denuncia fue impulsada por el legislador porteño Yamil Santoro, el abogado José Magioncalda y el equipo legal de la fundación, y plantea la posible comisión de delitos como asociación ilícita agravada, amenazas agravadas y encubrimiento. Además, se advierte que los hechos podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, ya que se trataría de persecuciones motivadas por razones políticas.
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Según el relato de los denunciantes, la familia Zambrano logró salir de Venezuela en 2017 tras múltiples trabas impuestas por el régimen. Luego de pasar por Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos, afirman que continuaron recibiendo amenazas y vigilancia ilegal. En Argentina, donde residen actualmente, José Zambrano denunció nuevos episodios de hostigamiento.
La Justicia deberá determinar ahora si efectivamente existe una red de inteligencia operando en el país por orden del chavismo, y si se han violado derechos fundamentales de personas que se exiliaron para resguardarse de represalias del régimen. La causa podría escalar si se comprueba la participación de agentes extranjeros o redes coordinadas de vigilancia ilegal.
Fuente: Infobae.
