Una investigación publicada por el diario británico The Times señaló al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presuntos ingresos adicionales no declarados por unos 1,6 millones de euros. Según el informe, los fondos habrían sido destinados a cubrir gastos vinculados con su estadía en Estados Unidos, incluida una vivienda de lujo en Miami Beach.
La publicación indicó que los pagos habrían sido realizados por una empresa vinculada con la organización del Mundial en territorio estadounidense. En paralelo, los registros oficiales de la FIFA consignaron una remuneración de aproximadamente 4,27 millones de francos suizos para Infantino durante el ejercicio 2024.
Parte de los fondos señalados en la investigación habría sido registrada bajo el concepto de “otras compensaciones”. De acuerdo con el medio británico, más de medio millón de euros se habría destinado al alquiler de una mansión ubicada en Sunset Islands, en Miami Beach. La información se basa en documentación presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
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Ante las acusaciones, la FIFA rechazó que Infantino perciba un segundo salario. A través de un vocero, el organismo aseguró que las remuneraciones del presidente son establecidas por una Subcomisión de Remuneraciones independiente y que los ingresos contractuales cumplen con las normas fiscales vigentes en Suiza y Estados Unidos.
El caso vuelve a poner el foco sobre la transparencia financiera de la entidad que gobierna el fútbol mundial. Las críticas apuntan a la necesidad de aclarar el tratamiento de los beneficios adicionales que reciben sus principales autoridades y determinar si fueron informados conforme a las normas correspondientes.
La controversia se suma a las diferencias que atraviesa la dirigencia del fútbol internacional por cuestiones disciplinarias y comerciales vinculadas con los próximos mundiales. Infantino, por su parte, mantiene su agenda institucional y se encamina hacia las próximas instancias de definición política dentro de la FIFA. La información publicada no permite afirmar que exista una condena judicial ni una determinación oficial de fraude fiscal.
