Unas 40 familias del barrio Bóer quedaron sin vivienda, indemnización ni reubicación tras operativos municipales y policiales vinculados a la urbanización Nuevas Victorias, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Alrededor de 40 familias del barrio Bóer, ubicado en el centro de Managua, denunciaron haber sido desalojadas de manera forzosa y sin compensación económica para dar paso a la ampliación de un proyecto habitacional promovido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con financiamiento de la República Popular China.
Según testimonios recogidos por medios locales e independientes, los desalojos se ejecutaron entre septiembre y noviembre de 2025 mediante operativos encabezados por autoridades municipales de Managua, con acompañamiento de fuerzas de seguridad. Las viviendas fueron demolidas y las familias quedaron sin acceso a planes de reubicación ni indemnización por la pérdida de sus propiedades.
Los afectados residían en el barrio Bóer, en el costado este de la Casa del Obrero. De acuerdo con los vecinos, meses antes del desalojo funcionarios de la Alcaldía de Managua notificaron a los habitantes que debían abandonar la zona porque los terrenos serían expropiados para un proyecto urbanístico mayor. En esas comunicaciones, los empleados municipales habrían asegurado que las tierras pertenecían a Rosario Murillo, a quien el régimen presenta como “copresidenta”.
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Durante esa primera etapa, iniciada en junio de 2025, se prometió a las familias algún tipo de compensación o alternativa habitacional. Esa expectativa llevó a que algunos propietarios abandonaran sus viviendas voluntariamente, mientras otros decidieron permanecer en el barrio esperando que se cumplieran los compromisos anunciados.
La situación cambió en septiembre, cuando las autoridades regresaron con un despliegue más amplio de personal municipal y guardias de seguridad. Vecinos relataron que las advertencias se volvieron más contundentes y que ya no hubo instancias de negociación. Quienes intentaron presentar escrituras y documentos de propiedad ante la Dirección General Legal de la Alcaldía fueron informados de que no habría indemnización y que, si deseaban reclamar, debían hacerlo por otras vías.
Los desalojos avanzaron progresivamente. A las familias que se resistieron a abandonar sus casas se les cortó el suministro de agua potable, se cercó el barrio con vallas metálicas y se instaló vigilancia policial permanente. Maquinaria pesada, como palas mecánicas y aplanadoras, fue utilizada para presionar la salida de los residentes y demoler las viviendas.
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El barrio, que anteriormente albergaba pequeños comercios, talleres, bares y comiderías, quedó prácticamente desierto. Hoy la zona presenta estructuras a medio derribar, calles sin actividad y un paisaje de abandono, según describen antiguos residentes.
Una de las personas afectadas, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, relató que su vivienda era el único patrimonio familiar, adquirido tras años de esfuerzo. Tras el desalojo, la familia se vio obligada a vivir alquilando o alojándose temporalmente con conocidos, enfrentando dificultades para sostener gastos de vivienda y perder el acceso cercano a servicios básicos como escuelas, centros de salud y su lugar de trabajo.
El área desalojada estaría destinada a una ampliación de la Urbanización Nuevas Victorias, un ambicioso proyecto habitacional lanzado por el régimen sandinista en cooperación con China para “repoblar” el centro de Managua. Aunque el plan original contempla más de 12.000 viviendas en distintas etapas, hasta el momento solo se han construido y entregado algunas centenas.
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En enero de 2026, el Gobierno informó la entrega de 105 viviendas correspondientes a una primera fase del proyecto, que prevé al menos 920 unidades habitacionales. Sin embargo, organizaciones periodísticas y vecinos denuncian que la expansión del complejo se ha realizado mediante desalojos forzados en zonas colindantes.
De acuerdo con publicaciones locales, algunos de los apartamentos del proyecto se comercializan a precios superiores a los 80.000 dólares, incluso con créditos estatales, valores que resultan inaccesibles para gran parte de la población nicaragüense. Mientras el oficialismo destaca el avance del programa, las familias desalojadas del barrio Bóer continúan sin una solución habitacional ni reparación por la pérdida de sus hogares.
Fuente y foto: Infobae
