La fría indiferencia empresarial se manifestó en CPC, en Chubut, donde más de 70 trabajadores fueron notificados de sus despidos al llegar al obrador. Este acto, lejos de ser un caso aislado, ilustra la avaricia rampante en algunas empresas de construcción en la provincia.
Esta situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también pone de manifiesto la falta de supervisión y control en las prácticas laborales de ciertas constructoras.
Estas empresas de construcción han encontrado en la obra pública una fuente inagotable para enriquecerse, sin mostrar el más mínimo interés por el bienestar de los trabajadores ni por la calidad de las obras.
MIRÁ TAMBIÉN | El FMI consideró “positivo” el encuentro con el equipo económico de Milei
En lugar de ser socios en el desarrollo de la provincia, las empresas solo ven al Estado como su proveedor perpetuo. Criticando al mismo Estado del cual dependen, cuando se producen variables económicas, utilizando las licitaciones de obras públicas como un medio para obtener beneficios económicos sin asumir riesgos.
Los despidos son una de las dos caras de esta realidad que revela una mentalidad empresarial centrada únicamente en las ganancias, sin importar las consecuencias para los trabajadores ni para la comunidad, que necesita de las obras púbicas. El hecho de que estas compañías puedan operar de esta manera sin consecuencias severas es un indicador de una falta de regulación y supervisión adecuada.
La falta de un enfoque integral en el desarrollo económico y social de Chubut, especialmente en el sector de la construcción, es evidente en la ausencia de programas de empleo y desarrollo establecidos por estas empresas. En lugar de generar oportunidades laborales y contribuir al progreso sostenible, prefieren contratar mano de obra temporal y carecer de un plan de contingencia ante instancias económicas adversas. El Estado siempre paga, siempre pierde y la sociedad no puede aprovechar una planificación ordenada de las obras.
MIRÁ TAMBIÉN | Santa Cruz sufrió un ciberataque en el sistema de salud
El Estado y la sociedad deberán exigir responsabilidad a estas empresas. La obra pública no debe ser un terreno de juego para la avaricia y la explotación. Es una herramienta para el desarrollo colectivo, y las empresas que no están dispuestas a contribuir de manera justa y ética deben ser señaladas y sancionadas.
Es por eso, que la manifestación de los trabajadores de CPC, bloqueando la Ruta 3, en el sur de Chubut, es un nuevo llamado de atención ante estas reiteradas maniobras que comprometen la estabilidad laboral y la continuidad de las obras sin siquiera apelar al tiempo y la realidad por la que transita el País y la Provincia a días del comienzo de una nueva gestión política, que no deberá tener este tipo de acciones como norte de relación con este tipo de empresarios sino que deberá exigir cambios significativos en la regulación de las empresas de construcción para garantizar un entorno laboral justo y la finalización de las obras para todos.
