El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, suspendido desde agosto del 2020 por un juicio político, quedó hoy definitivamente fuera del cargo por la decisión de un tribunal especial que lo condenó y apartó de la jefatura del Estado por su responsabilidad en el desvío de fondos destinados a la construcción de hospitales durante la pandemia.
El Tribunal Mixto Especial, formado por jueces y diputados de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, logró la mayoría de siete votos para condenar y echar a Witzel, a quien sucederá Cláudio Castro, hasta hoy gobernador interino.
La decisión culminó un largo juicio político abierto en junio del año pasado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro contra Witzel, quien ya estaba suspendido del cargo por orden del Superior Tribunal de Justicia (STJ), indicó la agencia Efe.
El tribunal especial encontró culpable a Witzel de irregularidades en diversas contrataciones y malversación de recursos públicos destinados al combate contra la pandemia.
El órgano colegiado también decidió, por mayoría de 9 votos a favor y 1 en contra, inhabilitar políticamente a Witzel durante cinco años, por lo que estará impedido de concurrir a unas elecciones durante ese periodo.
En un primer momento se posicionó como un aliado del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aunque posteriormente se distanció hasta convertirse en un opositor a su Gobierno.
En el marco de la pandemia, Witzel fue objeto de operaciones policiales por el presunto desvío de recursos públicos previstos para la construcción de hospitales de campaña destinados a enfermos con coronavirus.
También fue acusado de orquestar una «organización criminal» dedicada a la corrupción y recibir sobornos de un empresario del área de salud que se adjudicó varios de los contratos de emergencia para hacer frente a la pandemia, señaló la agencia Efe.
Con base en esas investigaciones, diputados de la oposición solicitaron a la asamblea fluminense iniciar un proceso de destitución que finalmente concluyó este viernes.
«Vilipendiando la ética, la moral y los principios básicos de la buena administración pública, el imputado orientó su relación con la cosa pública con total descuido, desapego y sordidez, afectando a todos los ciudadanos fluminenses», afirmó el juez José Carlos Maldonado en su voto.
