El hallazgo surgió de una revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la polémica salida de su ex titular. El Ejecutivo analiza judicializar a prestadores por presunta estafa al Estado.
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En medio del debate político por la Ley de Emergencia en Discapacidad, una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una grave irregularidad: al menos 178 mil personas fallecidas figuran como activas en el sistema del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y continuaban vinculadas a la percepción de beneficios estatales.
Según información a la que accedió Infobae, el hallazgo fue validado mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. La detección se produjo en el marco de una auditoría integral impulsada por el Poder Ejecutivo tras la polémica salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, involucrado en un escándalo por presuntos pedidos de coimas, hechos que el exfuncionario niega y atribuye a audios supuestamente manipulados con inteligencia artificial.
El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, designado tras la salida de Spagnuolo, fue quien detectó las irregularidades durante el proceso de revisión administrativa y autorizó la baja inmediata de los certificados observados. Desde Casa Rosada advirtieron que el Gobierno analiza avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes habrían utilizado los beneficios de manera irregular como contra los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, sostuvo una fuente oficial, que anticipó un cotejo exhaustivo entre los datos de los fallecidos y los prestadores asociados.
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El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones y beneficios estatales. Su otorgamiento depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso. La magnitud del hallazgo expuso falencias estructurales en los mecanismos de control del organismo.
La auditoría integral sobre la ANDIS fue dispuesta el 28 de agosto pasado y también incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos. Los resultados finales aún no fueron cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026. En el Gobierno admiten que se detectaron múltiples inconsistencias, lo que incluso llevó a evaluar la posibilidad de quitarle autonomía a la agencia y que pase a depender del Ministerio de Salud, una alternativa que finalmente fue descartada.
Las críticas hacia Spagnuolo se intensificaron tras la difusión de los audios que derivaron en su salida. En Balcarce 50 lo acusan de falta de controles internos y de irregularidades en la gestión, además de señalar que las revisiones debieron haberse implementado desde el inicio de la actual administración.
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El caso se suma a otras alertas detectadas en el organismo, como el incremento del 27% en la compra de medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, una situación que encendió alarmas dentro del Ejecutivo.
En este contexto, y tras el fracaso del intento oficial por derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Presupuesto 2026, el Gobierno decidió no insistir con la eliminación de la norma. No obstante, evalúa impulsar modificaciones al texto aprobado por el Congreso, mientras continúa la auditoría sobre uno de los organismos más sensibles del sistema de asistencia social.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
