La investigación por presunto lavado de dinero sumó un elemento clave: la Policía Federal comprobó maniobras coordinadas para eliminar registros, ocultar dinero y desconectar sistemas antes de los allanamientos.
MIRÁ TAMBIÉN | El Gobierno asignó casi 20.000 toneladas de carne vacuna para exportar a EE.UU.
La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos incorporó un dato de alto impacto procesal: la Justicia logró acreditar la existencia de una estructura organizada destinada a borrar pruebas clave antes de los allanamientos realizados en diciembre de 2025. La maniobra incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas informáticos y el ocultamiento de documentación sensible.
La investigación es encabezada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de la firma y el rol de sus principales responsables. El expediente involucra al empresario Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a integrantes de su entorno laboral más cercano.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Federal, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. En el expediente judicial constan comunicaciones internas que exhiben órdenes precisas, tareas asignadas y una cadena de mando orientada a sustraer información del alcance de las autoridades.
MIRÁ TAMBIÉN | ¿Qué se sabe de los restos humanos hallados en Santa Cruz?
Uno de los episodios centrales señala a Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, quien en la madrugada del 1 de diciembre envió mensajes a la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, con instrucciones concretas para recaudar dinero y borrar registros de las cámaras de seguridad. En ese mismo intercambio, también pidió que un empleado del área de sistemas permaneciera fuera de la oficina durante esas horas clave.
La causa también resalta el rol de la secretaria ejecutiva Nahiara Gamarra, cuyas comunicaciones, según los investigadores, evidencian una relación jerárquica que refuerza la hipótesis de una organización interna estructurada para ejecutar las maniobras de ocultamiento.
Otro punto relevante es el accionar de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien ordenó el acceso a las computadoras de los cajeros para desconectar programas operativos, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos de la financiera. Además, se incorporaron mensajes que dan cuenta del resguardo deliberado de cuadernos con información contable fuera del circuito formal de la empresa.
MIRÁ TAMBIÉN | El Gobierno analiza prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea
El expediente también documenta el traslado y ocultamiento de CPU y teléfonos celulares, así como la eliminación directa de registros fílmicos por parte de empleados identificados. Incluso, se registraron instrucciones para realizar guardias internas y tareas de limpieza y retiro de ploteos de vehículos de la firma, en un contexto que los investigadores interpretan como una estrategia para reducir rastros operativos.
Desde el entorno de Ariel Vallejo niegan que haya impartido órdenes para destruir pruebas y sostienen que, tras los allanamientos, las autoridades se llevaron todo el material disponible. En cuanto a la conducta de algunos empleados, señalaron que se encuentran amparados por la prohibición de autoincriminación prevista en el Código Penal.
Estas evidencias se suman a una investigación más amplia que incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados, presuntos préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales, además del uso de monotributistas sin capacidad económica real. La Justicia continúa profundizando la pesquisa para determinar responsabilidades penales en lo que podría convertirse en una de las causas financieras más relevantes de la región.
Fuente: TN
Foto: Archivo
