El Gobierno nacional intensifica las negociaciones para que el Senado trate en la próxima sesión la denominada ley Hojarasca y avance en el debate de la reforma electoral. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para este miércoles a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para definir el temario de la sesión prevista para el 16 de julio.
Entre las principales prioridades del oficialismo figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa propone derogar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas o sin vigencia.
El proyecto sobre propiedad privada llegará con modificaciones respecto de la versión original. El nuevo texto incorpora cambios vinculados a la ley de tierras, los desalojos, las expropiaciones y la ley de manejo del fuego, dejando de lado la eliminación total de restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
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La reforma electoral también ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno, aunque todavía no reúne los consensos necesarios para su aprobación. La propuesta contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia para la postulación de candidatos. Además, el oficialismo analiza habilitar listas colectoras para las elecciones nacionales.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa otros proyectos económicos, entre ellos la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca impedir el financiamiento monetario del Tesoro. También espera avanzar con el denominado «super-RIGI», que ya cuenta con media sanción de Diputados y se encuentra en tratamiento en la Cámara Alta.
Por otra parte, el Gobierno enviará una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar el ingreso al sistema financiero de los ahorros no declarados. Mientras tanto, desde la oposición, el diputado Eduardo Valdés presentó una iniciativa para excluir del régimen a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas.
Fuente: TN.
