Este viernes se realizaron dos allanamientos en domicilios particulares, a partir de amenazas realizadas a la Escuela Politécnica de Puerto Madryn, a través de distintas redes sociales.
Asimismo, a causa de estas amenazas, entre las 5 y las 7 de la mañana de este viernes, la División Explosivos realizó una revisión en la Escuela Politécnica Nº 703 donde finalmente no se localizaron elementos de interés.
Los operativos fueron efectuados por la Brigada de Investigaciones de dicha ciudad y contó con el apoyo de la Guardia de Infantería local y con la presencia del juez Penal, Francisco Marcelo Orlando.
Quien participó de los procedimientos también, fue el ministro de Gobierno, Federico Massoni, quien explicó que de estos allanamientos, “uno fue en el domicilio de una persona mayor de edad”, y el otro “en el domicilio de una menor de edad, la cual a través de su teléfono celular ha realizado este posteo generando alarma y estrés en la comunidad educativa”.
En concreto, esta situación comenzó “debido a amenazas que recibieron en el establecimiento educativo con respecto a personas que decían que en el día de hoy (viernes) concurrirían a la Escuela Politécnica a realizar una masacre o poner una bomba”, precisó Massoni.
Además, señaló que “estas amenazas se hacían a través de Instagram y con posterioridad se realizó en otro tipo de redes”, agregando que “se hicieron las investigaciones correspondientes a través del IP, que es el domicilio desde donde salieron las amenazas”.
“Mediante la investigación dimos con las dos personas y los dos domicilios de quienes iniciaron esta amenaza. Estas acciones no son chiquilinadas y atentan contra la seguridad pública, por eso nosotros vamos a actuar con muchísima fuerza para que no ocurra nuevamente”, señaló el Ministro.
El funcionario sostuvo que “en principio las dos personas (a quienes se les realizó los allanamientos) no tendrían relación entre sí, pero es materia de investigación. La causa está abierta y ahora se está reuniendo material informático para descubrir que ocurrió realmente para que la Fiscalía accione debidamente”.
Detalló que “la persona mayor no tiene contacto con la escuela –y- la menor tiene contacto con el establecimiento educativo”.
