La junta escolar de la localidad texana de Uvalde votó de manera unánime por terminar el contrato del jefe de policía escolar, Pete Arredondo, durante una reunión celebrada anoche en un auditorio a la que asistieron padres de víctimas y sobrevivientes, a tres meses del tiroteo masivo del 24 de mayo.
Arredondo, que no estuvo presente en la reunión, es el primer oficial de policía que pierde su trabajo luego de un tiroteo dentro de un establecimiento educativo, que en este caso fue uno de los más mortíferos de la historia de Estados Unidos, un país habituado a ese tipo de hechos.
Un informe del Departamento de Seguridad Pública de Texas había concluido que Arredondo «antepuso la vida de los funcionarios policiales a la de los niños» y tomó «muy malas decisiones» en medio del tiroteo en la Escuela Elemental Robb de Uvalde, una ciudad de mayoría latina.
La policía estuvo bajo un intenso escrutinio por su manejo de la situación, ya que más de una decena de oficiales esperaron alrededor de una hora afuera de los salones de clases en donde ocurría la masacre de los niños antes de entrar a las aulas y abatir al agresor.
Arredondo, suspendido en junio mientras avanzaba la investigación, pidió ayer antes de la reunión de la junta escolar que se levantara la suspensión, por medio de un comunicado de su abogado, informó la agencia de noticias AFP.
«El jefe Arredondo no participará en su propio linchamiento público, ilegal e inconstitucional, y solicita respetuosamente a la junta su reinstalación inmediata, con todos los pagos y beneficios atrasados, y que archive la denuncia por considerarla infundada», indicó el abogado George Hyde en un comunicado.
El mes anterior, legisladores texanos criticaron en un informe que entre el momento en que llegó un primer oficial al lugar y la muerte del agresor transcurrieron 73 minutos, un «periodo de tiempo inaceptablemente largo».
«La falta de liderazgo puede haber contribuido a la pérdida de vidas», señalaron.
Estados Unidos ha sufrido en los últimos meses numerosas y brutales masacres por tiroteos.
En junio, congresistas estadounidenses aprobaron la primera normativa importante para el control de armas en casi 30 años, menos de 24 horas después de que la Corte Suprema reforzara el derecho constitucional a portar armas.
