El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por un período de 60 días debido a la «grave conmoción interna» que atraviesa el país. La medida entró en vigencia de manera inmediata y busca reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El decreto alcanza a diez provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye a los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados zonas de alta conflictividad.
La normativa habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir para garantizar el orden público y neutralizar actividades delictivas. Entre las disposiciones más controvertidas figura la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, permitiendo allanamientos sin orden judicial previa en determinados casos.
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La decisión contrasta con declaraciones recientes del mandatario realizadas durante una visita a Estados Unidos, cuando había señalado que no extendería el régimen anterior, aunque no descartaba adoptar nuevas medidas excepcionales si la situación lo requería.
Desde enero de 2024, cuando Noboa declaró el «conflicto armado interno» y catalogó a las bandas criminales como organizaciones terroristas, el Gobierno ha recurrido en reiteradas oportunidades al estado de excepción y a los toques de queda para contener la violencia.
Pese a la política de mano dura, Ecuador cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, según datos oficiales, convirtiéndose en el país con la tasa de asesinatos más alta de América Latina. El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para recuperar la seguridad ciudadana.
Fuente: Telesur.
