La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que 2,6 millones de personas dejaron el país y defendió la política de deportaciones, mientras crecen las críticas de organizaciones de derechos humanos.
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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este jueves que más de 650.000 inmigrantes irregulares fueron “arrestados, detenidos y deportados” a sus países de origen, como parte de la política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump. La funcionaria sostuvo además que, en total, 2,6 millones de personas abandonaron el país desde el inicio de esta nueva etapa gubernamental.
Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Noem atribuyó las cifras al endurecimiento de los controles migratorios y al fortalecimiento de las agencias federales. “Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente”, declaró, al tiempo que destacó el rol de los operativos de arresto y expulsión.
La titular de Seguridad Nacional diferenció entre quienes fueron deportados y aquellos que, según indicó, se marcharon de manera voluntaria. Sobre este último grupo, calculado en unos dos millones de personas, sostuvo que “tienen la posibilidad de regresar a casa y volver algún día por la vía legal”, lo que, a su entender, les permitiría aspirar nuevamente al llamado “sueño americano”.
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En el mismo acto, Noem recordó que en Estados Unidos se celebrará el Día de las Fuerzas del Orden y pidió a la ciudadanía expresar su apoyo a los agentes federales. “Cuando vean a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, denles las gracias. Hagan algo amable por ellos”, expresó, en un mensaje destinado a reforzar el respaldo público a quienes participan en los operativos migratorios.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre las consecuencias humanitarias de las deportaciones masivas y de las restricciones al derecho de asilo en la frontera. Diversos colectivos sostienen que estas políticas incrementan el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y exponen a miles de personas a situaciones de violencia y desprotección.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), creado en 2003, es el organismo encargado de identificar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular, además de investigar delitos como la trata de personas y el contrabando transnacional. Desde su creación, el organismo fue objeto de numerosas denuncias por discriminación y prácticas abusivas, críticas que se intensificaron con el inicio del segundo mandato de Trump.
En los últimos meses, el ICE amplió su presencia en redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, respaldado por un incremento de personal y por una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes. Según denuncian organizaciones civiles, este enfoque permite detenciones y deportaciones con menor control judicial, profundizando el debate político y social en torno al modelo migratorio que impulsa el actual Gobierno estadounidense.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
