El Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron hoy nuevas sanciones contra funcionarios y empresas de Rusia por la detención del líder opositor Alexey Nalvany, el mismo día que los servicios de inteligencia en Washington acusaron a sus pares rusos de envenenar a ese mismo dirigente político.
En un informe a la prensa, funcionarios del Gobierno de Biden informaron que las nuevas sanciones fueron impuestas «en acuerdo con los socios de la UE» y representan una «clara señal» de la presión que están dispuestos a ejercer para que Rusia libere a Nalvany, quien esta semana fue trasladado a una cárcel fuera de Moscú para cumplir de manera efectiva una pena que había quedado en suspenso años atrás.
Según dictaminó la Justicia hace unas semanas, cuando Nalvany viajó a Alemania violó el acuerdo de la prisión en suspenso.
El líder opositor, sin embargo, sostiene que el argumento es puramente político y recordó ante la corte que viajó a Alemania para tratarse de un caso grave de envenenamiento, del que acusó al presidente Vladimir Putin.
Putin siempre rechazó las acusaciones y sostuvo que Navalny y sus aliados internacionales usaron el caso para justificar la imposición de nuevas sanciones contra el país.
Hoy, en otro anuncio a la prensa con funcionarios que pidieron no dar su nombre, los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusaron al Gobierno de Rusia de haber envenenado a Nalvany, de 44 años.
«La comunidad de inteligencia estima con un alto nivel de confianza que funcionarios del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia usaron un agente nervioso conocido como Novichok para envenenar al líder opositor ruso Alexey Navalny el 20 de agosto de 2020», informó un funcionario, que pidió mantener el anonimato, según la agencia de noticias AFP.
Con este anuncio como insumo, más tarde, otros funcionarios estadounidenses informaron la imposición de sanciones contra «siete altos miembros del Gobierno ruso», las primeras que ordena el flamante presidente Biden.
Desde Bruselas, la UE oficializó la imposición de nuevas sanciones contra Rusia e identificó a cuatro de los funcionarios afectados: el jefe del Comité de Investigación sobre el envenenamiento de Navalny, Alexander Bastrykin; el fiscal general ruso, Igor Krasnov, el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov y el director de Prisiones, Alexander Kalashnikov.
El bloque argumentó que estos dirigentes son responsables de serias violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, represión sistemática contra manifestaciones pacíficas y contra la libertad de expresión y opinión.
Desde Rusia, el Gobierno rechazó la imposición de nuevas sanciones y aseguró que este tipo de medidas no sirven.
«Los que siguen contando con estas restricciones probablemente tendrían que pensar: ¿Consiguen sus objetivos con esta política? Nuestra respuesta será evidente: esta política no está logrando sus objetivos», aseguró el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
