Tras la reciente elección, el Gobierno argentino decidió acelerar su plan de privatizaciones, que incluye empresas estratégicas como AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina y YCRT. La prioridad será avanzar en rutas, trenes y centrales hidroeléctricas, mientras se define el esquema de venta de la prestadora de agua, considerada la “joya de la corona”.
En materia de transporte, la privatización de rutas y concesiones viales está en plena preparación. Se espera que en las próximas semanas se publiquen los pliegos de las licitaciones para varios corredores, incluyendo la ruta 5 (Luján-Santa Rosa) y otros tramos estratégicos. La hidrovía Paraná-Paraguay también se encamina a la licitación tras completar audiencias públicas ambientales y mesas participativas con provincias, municipios y empresas del sector.
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El Belgrano Cargas, uno de los ejes ferroviarios del país, será licitado entre fines de noviembre y principios de diciembre. Se prevé subastar material rodante y conceder dos ramales inicialmente: Belgrano y San Martín. Las empresas interesadas ya están registradas, algunas con antecedentes judiciales vinculados a la causa Cuadernos, mientras se busca garantizar transparencia y financiamiento a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En el sector energético, Enarsa avanzará con la venta de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados— y de Transener, distribuidora de energía. La licitación contempla límites a la adquisición múltiple para evitar concentraciones y mantener la competitividad. Varios grupos empresariales han manifestado interés, entre ellos Pampa Energía y el consorcio Edison Energía.
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AySA, por su parte, será uno de los primeros procesos de privatización en concretarse. El Gobierno estudia vender el 90% de las acciones, manteniendo un 10% en manos del Programa de Propiedad Participada para empleados. La operación depende de la aprobación del nuevo marco tarifario y del contrato de concesión que definirá los términos de explotación del servicio. Con esto, el Ejecutivo busca cumplir promesas de campaña y generar ingresos en dólares frescos para el Tesoro.
Fuente: La Nación.
