El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una reforma integral en el sistema de inteligencia y redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, amplía las atribuciones del organismo y reorganiza la estructura de todo el sector.
Entre los cambios más relevantes, el decreto habilita a la SIDE a proveer su propia seguridad y a aprehender personas en situaciones de flagrancia o ante requerimientos judiciales, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes. Desde el Ejecutivo aseguran que esta facultad no implica una función policial permanente, sino una herramienta excepcional en el marco de tareas de inteligencia.
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La norma también redefine el esquema institucional: la Agencia de Seguridad Nacional pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se creará la Inspectoría General de Inteligencia, que asumirá funciones de control interno. Además, se establece el Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con foco en la protección de infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.
Otro punto central del DNU es la facultad de la SIDE para requerir información a organismos del Estado y coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El decreto crea también dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a áreas especializadas de fuerzas armadas y de seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, que reúne a organismos con capacidad de generar datos relevantes para el análisis estratégico.
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Desde el Gobierno sostienen que la reforma “moderniza, ordena y legitima” el sistema de inteligencia, lo adapta a amenazas contemporáneas como el terrorismo y el ciberdelito, y lo somete a mayores controles legales, presupuestarios y técnicos. En ese sentido, remarcan que el objetivo es fortalecer la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, sin superponer funciones con el ámbito judicial o policial.
Fuente: Infobae.
