El Gobierno nacional derogará el artículo 13 de la ley de obra pública, permitiendo la entrada de nuevos competidores y reduciendo el poder de las grandes constructoras históricas vinculadas a escándalos de corrupción.
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El presidente Javier Milei, en conjunto con su ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un cambio trascendental en el sistema de obra pública en Argentina: la eliminación del Registro Nacional de Constructores. Esta medida, que supone derogar el artículo 13 de la ley 13.064 de 1947, busca desarticular el denominado “club de la obra pública”, un grupo de constructoras históricas que dominó el sector durante décadas y que enfrenta acusaciones por el caso conocido como «cuadernos de las coimas».
Con la eliminación de este requisito, las empresas ya no necesitarán estar registradas ni contar con el certificado de capacidad de construcción para licitar obras públicas. En su lugar, bastará con una declaración jurada que garantice la capacidad para ejecutar los proyectos. Según Sturzenegger, este cambio permitirá la entrada de nuevos actores, incluidas empresas extranjeras y de otros rubros, fomentando la competencia y reduciendo la cartelización del sector.
El Registro, hasta ahora, otorgaba ventajas a las empresas con historial de obras previas, dificultando la entrada de nuevos competidores y favoreciendo la concentración del mercado. Para el Gobierno, esta estructura no solo limitaba la competencia, sino que también facilitaba prácticas corruptas, como el pago de sobornos para la adjudicación de contratos.
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Además, la medida se suma a la decisión de redirigir fondos presupuestados para la obra pública hacia el Tesoro Nacional. A través de un decreto reciente, el Ejecutivo consolidó su política de recortar gastos en infraestructura, incluso aquellos financiados con impuestos específicos como el PAIS. Esta decisión ha generado un fuerte impacto en el sector de la construcción, que enfrenta un panorama adverso con menos recursos disponibles y un cambio en las reglas de juego.
Con esta estrategia, Milei busca desregular el sector y priorizar la eficiencia económica, aunque la decisión no está exenta de controversias. Las constructoras históricas han criticado la medida, argumentando que pone en riesgo la calidad de las obras y la estabilidad del sector. Sin embargo, desde el Gobierno confían en que el fin del Registro será clave para abrir el mercado y garantizar un uso más transparente de los recursos públicos.
Fuente: La Nación
Foto: El intrasugente
