Guillermo Francos y Carlos Torrendell justifican el veto presidencial, cuestionando la falta de claridad en la fuente de fondos y advirtiendo sobre un posible impacto en las cuentas públicas. La medida busca mantener el déficit cero y garantizar una distribución eficiente de los recursos.
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El Gobierno nacional aumentó la presión para que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario sea ratificado en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró sus críticas a la normativa, argumentando que compromete el objetivo de alcanzar el déficit cero y que no especifica de dónde provendrían los fondos para cubrir el aumento de recursos que se plantea. Además, señaló que se están realizando negociaciones con los bloques aliados para asegurar el respaldo necesario.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, también expresó su preocupación, destacando la necesidad de «responsabilidad» por parte de los legisladores al evaluar una ley que no contempla los fondos necesarios para su implementación. «Es un error aprobar una ley sin tener los recursos para financiarla. Esperamos que en el Congreso prime la racionalidad y que el veto se mantenga», afirmó Torrendell en una entrevista radial.
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Ambos funcionarios defendieron la decisión del Gobierno, señalando que no se trata de un ataque a la educación pública, sino de una medida para garantizar una correcta asignación de los recursos del Estado. Francos sostuvo que el verdadero problema radica en que la ley se centra en aumentar el gasto administrativo y salarial, sin precisar de dónde saldrán los fondos. “La normativa debe ser clara respecto a las fuentes de financiamiento, y esta no lo es”, puntualizó.
En caso de que el Congreso decida rechazar el veto y ratificar la ley, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de judicializar el conflicto, según declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni. Torrendell también mencionó que la cuestión podría tener implicancias jurídicas, ya que «legalmente corresponde asignar fondos con claridad sobre su origen».
Finalmente, tanto Torrendell como Francos coincidieron en que la falta de criterios claros en la asignación de recursos podría llevar a un ajuste mucho más severo en el futuro, afectando aún más la calidad de la educación y las cuentas públicas.
Fuente: TN
Foto: Archivo
