La firma Thales UK Limited operó sin autorización argentina con una aeronave de matrícula del Reino Unido. El Ejecutivo inició acciones administrativas y penales y exigirá sanciones.
El Gobierno nacional anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La decisión apunta a frenar el proyecto hidrocarburífero «Sea Lion», en la Cuenca Malvinas Norte, y a impedir nuevos permisos de exploración en la Plataforma Continental Argentina.
Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de esa Convención. El texto sostiene que la explotación unilateral de recursos viola el derecho internacional y provoca un «perjuicio irreversible e irreparable» a los derechos soberanos del país.
En paralelo, el Ejecutivo intimó a Londres a adoptar, en un plazo máximo de dos semanas, las medidas necesarias para detener el desarrollo del emprendimiento. Si no lo hace, la Argentina pedirá de inmediato medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. «Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», escribió el mandatario en su cuenta de X.
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Como sustento, el Gobierno recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar. También citó la Resolución 31/49, que prohíbe adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos mientras el conflicto no se resuelva.
El anuncio incluyó además una denuncia puntual. De acuerdo con fuentes oficiales, la empresa británica Thales UK Limited realizó vuelos entre las islas y la ciudad chilena de Punta Arenas, en una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. Por ese motivo, el Gobierno inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia, y exigirá sanciones.
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La Oficina del Presidente también expresó su «rechazo categórico» a la respuesta británica tras el discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU. Sostuvo que la denominación «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum celebrado por los isleños en 2013 «no son reconocidos internacionalmente» ni alteran la existencia de la controversia de soberanía.
El comunicado, firmado por el Presidente, concluyó que la Argentina «no se quedará de brazos cruzados» y seguirá defendiendo sus derechos soberanos con todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconoce el derecho nacional e internacional.
