La Casa Rosada confirmó que el proyecto no incluirá cambios en las cajas ni en el poder de los gremios. Con Patricia Bullrich al frente de las negociaciones en el Senado, el oficialismo busca aprobar la iniciativa antes de fin de año y descomprimir el vínculo con la CGT.
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El Gobierno nacional terminó de pulir el texto final de la reforma laboral y confirmó que no avanzará sobre las estructuras internas ni la recaudación de los sindicatos, un punto que había generado fuertes tensiones con la Confederación General del Trabajo (CGT). “La reforma está enfocada en la creación de empleo. No va a haber cambios sobre los sindicatos”, señalaron desde la Casa Rosada, en un intento por acercar posiciones antes del debate parlamentario.
El Ejecutivo busca que el proyecto obtenga media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre, para que el tratamiento en Diputados se retome a partir del 15 de enero. La articulación política en la Cámara Alta quedó en manos de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien presidirá de manera temporaria la Comisión de Trabajo y Previsión Social hasta febrero, antes de cederla nuevamente a la senadora Carmen Álvarez Rivero.
Entre las modificaciones clave, el Gobierno decidió eliminar la limitación al pago de la cuota solidaria sindical, una medida resistida desde el primer momento por la CGT, que advirtió que afectaba directamente su financiamiento. Este punto fue objeto de negociaciones con distintos miembros del gabinete durante las últimas semanas y finalmente quedó fuera del documento que será enviado este lunes al Senado.
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Otra incorporación relevante es la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad, aunque con la condición de que estos acuerdos solo puedan ser firmados por el sindicato con personería gremial, excluyendo a comisiones internas y delegados. Dentro del oficialismo sostienen que se trata de un equilibrio entre la flexibilización buscada y la legitimidad gremial.
Uno de los puntos que aún sigue sin definición es el artículo que restringe la ultraactividad de los convenios colectivos, un reclamo que la CGT marcó como crítico. La última versión del proyecto incorpora una disposición transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar, dentro del plazo de un año desde la promulgación de la ley, a las partes para negociar o ratificar las cláusulas de convenios vencidos.
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Tampoco está confirmado si se mantendrá la tipificación de los bloqueos o tomas de establecimientos como infracción, junto con la reglamentación estricta del derecho de huelga, medidas inspiradas en el DNU 70/2023 impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
El Consejo de Mayo se reunirá por última vez este martes a las 13 en la Jefatura de Gabinete, mientras en el Ejecutivo evalúan si la presentación de la reforma se hará mediante una conferencia de prensa o si se enviará directamente al Congreso. “El proyecto final es muy similar al que ya circuló”, remarcaron desde Nación.
Fuente: TN
Foto: Archivo


