Tras la viralización de un audio con graves acusaciones contra el presidente Milei, el Ministerio de Capital Humano pidió una investigación formal por posible adoctrinamiento ideológico en el aula.
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El Gobierno nacional solicitó una investigación judicial y educativa en torno al accionar de una docente de química en Tucumán, tras la difusión de un audio viral donde se escuchan insultos y acusaciones graves contra el presidente Javier Milei durante una clase del Colegio Nuestra Señora de Fátima, en la capital provincial.
La grabación, presuntamente tomada por uno de los alumnos sin el conocimiento de la profesora, muestra una voz femenina que vincula al mandatario con el narcotráfico y lo señala como responsable de delitos de gravedad. Las declaraciones, realizadas en horario escolar y en un contexto pedagógico, generaron fuerte rechazo tanto en el plano político como educativo.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue quien encabezó el pedido de investigación, apuntando al Ministerio Público Fiscal y a la cartera educativa tucumana. “Debemos proteger a los estudiantes de cualquier forma de adoctrinamiento en las aulas”, expresó la funcionaria, quien subrayó la necesidad de un entorno escolar plural y respetuoso.
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Desde el Ministerio de Educación de Tucumán, por su parte, confirmaron el inicio de un sumario interno, la toma de declaraciones y el análisis del material viralizado. La directora del establecimiento aseguró que se están siguiendo los protocolos correspondientes y que el colegio colaborará con las autoridades competentes.
El Gobierno tucumano, encabezado por Osvaldo Jaldo, también se pronunció oficialmente. “Repudiamos los comentarios inapropiados y lamentamos que se vulneren los derechos de los estudiantes mediante la imposición de una ideología en el ámbito educativo”, sostuvo el comunicado provincial. Además, solicitaron a la institución que tome “las medidas pertinentes” frente al caso.
El hecho desató un debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión docente y el adoctrinamiento en las escuelas. Según las normativas vigentes en Argentina, los educadores deben abstenerse de emitir juicios políticos partidarios en contextos educativos, y tienen la responsabilidad de promover una formación crítica, plural y objetiva.
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El Ministerio de Educación de la Nación recordó que existen canales formales para denunciar cualquier transgresión a estas normativas, y anticipó que podrían aplicarse sanciones administrativas y judiciales, dependiendo del resultado de la investigación en curso.
El caso, que involucra a un establecimiento de gestión privada, continúa siendo evaluado por el Ministerio de Justicia y las carteras educativas nacional y provincial, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y garantizar el derecho de los estudiantes a una educación sin sesgos ideológicos.
Fuente y foto: Infobae
